SALTA – (Diego Nofal).- La provincia de Salta decidió cobrar la atención médica a extranjeros. Esta medida, presentada como una solución necesaria a un supuesto gran problema económico, ha entregado sus primeros frutos contables. Según datos oficiales del propio gobierno salteño, en los primeros cinco meses del año la recaudación alcanzó los 41.000 dólares. Convertidos a pesos argentinos, serían aproximadamente 50.000.000. Una cifra que, vista en bruto, podría impresionar a algunos. Pero la realidad es muy distinta al analizarla en detalle.
Distribuyendo ese ingreso entre los 52 centros asistenciales de mediana y alta complejidad de la provincia, el resultado es revelador. Cada centro médico recibió, en promedio, el equivalente a apenas 160 dólares mensuales por este concepto. Ciento sesenta dólares. Una suma irrisoria para cualquier institución de salud que maneja costos operativos enormes. El esfuerzo administrativo de implementar y gestionar el cobro supera con creces esa magra cifra.
La pregunta central surge con fuerza inevitable. ¿Vale la pena? ¿Valió la pena desatar un incidente internacional con un país limítrofe? ¿Justificaba generar roces innecesarios entre naciones históricamente hermanas, unidas por lazos sociales, económicos y culturales profundos? Todo esto por un ingreso equivalente a 160 dólares mensuales por hospital. La respuesta parece obvia. El costo diplomático y político ha sido desproporcionado frente a la mínima ganancia obtenida.
Además, la premisa fundamental que impulsó la medida se ha demostrado falsa. Los políticos que la promovieron argumentaron que la atención a extranjeros representaba un gasto insostenible para las arcas provinciales. Sin embargo, los números oficiales lo desmienten.
La recaudación total en Salta confirma que este concepto era apenas un pequeñísimo porcentaje del presupuesto sanitario salteño. Un porcentaje tan minúsculo que su impacto, positivo o negativo, es prácticamente nulo en la salud financiera del sistema.
El gobierno anunció que lo recaudado se destinará a la compra de ambulancias. Un objetivo loable, sin duda. Pero aquí surge otra cruda comparación. Consultando páginas especializadas como Auto Line, el precio de una ambulancia básica de baja complejidad ronda los 80.000 dólares. Con los 41.000 dólares recaudados en cinco meses, apenas se alcanzaría para comprar media ambulancia de ese tipo. Media ambulancia. Eso es todo lo que se logró reunir tras cinco meses de una política controvertida y dañina para las relaciones internacionales.
Esta política también tuvo un costo humano y ético. Generó un clima de desconfianza y posible disuasión para personas necesitadas de atención médica urgente. Puso barreras donde debería primar la solidaridad y el principio fundamental de atender al que sufre. El mensaje enviado fue de mezquindad, no de eficiencia. Un mensaje que resuena más allá de las fronteras, afectando la imagen de la provincia y del país.
La conclusión es ineludible. La medida de cobrar a extranjeros por atención médica en Salta ha sido un fiasco económico y un error estratégico. Generó conflictos internacionales innecesarios por una recaudación insignificante. Desmontó su propia justificación al demostrar la mínima incidencia real del supuesto gasto.
Y su resultado tangible para mejorar el sistema de salud es risible, apenas suficiente para media ambulancia básica. Un experimento costoso en términos diplomáticos y humanos, que solo arrojó 160 dólares mensuales por centro. Un precio demasiado alto para un beneficio tan minúsculo. La provincia debería reconsiderar urgentemente este camino.
