SALTA – La concejal por la Unión Cívica Radical (UCR), Alejandra Pato, expresó su preocupación por una serie de «posibles actos de corrupción» vinculados a la actual gestión municipal en Orán, liderada por el intendente Baltasar Lara Gros. En este sentido, expuso que la justicia no actuó como corresponde.
Pato afirmó en comunicación con Aries que, a pesar del compromiso de la nueva gestión de evitar repetir “errores”, se detectaron movimientos financieros y situaciones preocupantes en distintas obras públicas y contratos municipales. En particular, señaló como punto de inicio la obra del barrio 20 de Junio. La documentación oficial refleja pagos a una empresa adjudicada para la construcción, pero en el lugar las tareas no están finalizadas. Esta contradicción generó reclamos por parte de los vecinos.
Además, la edil mencionó irregularidades en obras de establecimientos educativos. Estas incluyen la construcción de coberturas de patio, que también aparecen registradas en la ejecución presupuestaria de 2023 pero cuya concreción está en duda. Por ello, también señaló a Baltasar Lara Gros como responsable.
Irregularidades en el contrato con la empresa Oran Luz
Pato informó que toda esta documentación fue remitida a la Auditoría General de la provincia para su análisis y agregó otro foco de conflicto: el contrato con la empresa Orán Luz, en San Ramón de la Nueva Orán. Según la concejal, dicho contrato fue firmado sin autorización del Concejo Deliberante, sin ordenanza que lo habilite y sin cumplir la Ley de Contrataciones N° 8072.
El contrato, sostuvo Alejandra Pato, no establece un monto, requisito esencial según la ley vigente. “El intendente anunció públicamente que el pago ronda entre 62 y 65 millones de pesos, pero un reciente informe al Concejo revela que los montos reales no coinciden con esas declaraciones”, añadió.
La concejal remarcó que la gestión municipal acumula ya tres ejercicios presupuestarios desaprobados en 2024. Esto refleja una falta de transparencia y claridad en la imputación del gasto público. “Seguiremos insistiendo en la investigación y exigiendo respuestas claras para proteger los intereses de la comunidad de Orán”, concluyó Alejandra Pato.
