SALTA.- (Diego Nofal) La Legislatura de Salta maneja cifras astronómicas con escasa claridad. Cada año, destina la friolera de 53.000 millones de pesos solo a salarios. Esta suma exorbitante exige una minuciosa y urgente auditoría pública. La opacidad que rodea este gasto masivo es simplemente inaceptable y los ciudadanos merecen saber cómo se utiliza su dinero. Sin embargo, la desconfianza crece ante la falta de explicaciones coherentes.
De ese océano de dinero, sólo una pequeña isla corresponde a los legisladores. Aproximadamente 4000 millones de pesos cubren los sueldos de diputados y senadores. El resto, cerca de 49.000 millones, se repartiría entre el personal administrativo. Se estima que existen alrededor de mil empleados en la cámara. Según este cálculo, el salario promedio mensual superaría los 4 millones. La realidad cotidiana demuestra que esto no sucede jamás.
Entonces, surge la pregunta inevitable con enorme fuerza. ¿Dónde van realmente esos 49.000 millones de pesos anuales? La discrepancia entre la teoría presupuestaria y la práctica es abismal. Ninguna autoridad ha brindado una justificación satisfactoria a la sociedad. La sensación de un agujero negro financiero es abrumadora. La ciudadanía exige respuestas concretas y verificables ya.
Una población desencantada con sus representantes
Esta situación es aún más grave por el contexto económico actual. Tanto el gobierno provincial como el nacional hablan de crisis profunda. Se implementan ajustes y recortes en áreas sociales esenciales y se pide austeridad a la población con insistencia diaria. Sin embargo, la Legislatura gasta sin control ni transparencia. Este contraste alimenta la indignación y el malestar popular.
Agregando más leña al fuego, Salta es una excepción costosa. Pocas provincias argentinas mantienen un Senado provincial hoy. La mayoría eliminó la bicameralidad para ahorrar recursos públicos. Pero Salta insiste en este sistema duplicado y oneroso. Para colmo, sus senadores son los mejores pagos del país. Esta decisión política tiene un precio muy alto para las arcas.
El monto de los salarios es sólo la punta del iceberg presupuestario. A esos 53.000 millones, hay que sumar los gastos corrientes de la cámara. También existen otros ítems no detallados en el presupuesto oficial. El costo total real de mantener la Legislatura es mucho mayor. La falta de desglose impide conocer la magnitud exacta. Por ende, la opacidad parece ser la norma establecida.
El caso de Antonio Marocco
Un caso emblemático de conflicto de interés agrava la desconfianza. El presidente del Senado, Antonio Marocco, posee un medio de comunicación. Este medio recibe significativa pauta publicitaria oficial del estado. Esta situación debería ser un escándalo en sí misma. Sin embargo, opera con total impunidad a la vista de todos. Marocco podría usar su diario para explicar el gasto, pero no lo hace.
La Legislatura salteña se ha convertido en una caja negra financiera. Los 53.000 millones en salarios son solo el síntoma. La enfermedad es la total falta de transparencia y rendición de cuentas. Los salteños tienen derecho a saber en qué se gasta su esfuerzo. Exigimos una investigación exhaustiva e independiente inmediata. La democracia se debilita cuando el dinero público desaparece en la oscuridad. Basta de secretos y opacidad en el manejo de los recursos de todos.
