SALTA – (Diego Nofal) La inscripción para viviendas del Instituto Provincial de Salta pronto finalizará. Este organismo debería facilitar el acceso a la casa propia. Su público objetivo natural es la clase media y los sectores humildes. La realidad actual en Salta es completamente opuesta a ese mandato. Para aspirar a una vivienda del IPV, hoy se necesita un capital enorme. Los solicitantes deben demostrar tener treinta millones de pesos disponibles. Además, requieren un salario mínimo de dos millones de pesos mensuales. Estos montos son sencillamente inalcanzables para la mayoría salteña.
Exigir tales sumas equivale a pedir un crédito hipotecario privado. El Estado provincial actúa como un banco más en el mercado. Basta con observar las ofertas inmobiliarias actuales en Salta. Empresas constructoras ofrecen departamentos nuevos en zonas céntricas. Estos proyectos piden anticipos similares a los treinta millones de pesos. Incluso ofrecen planes de financiación relativamente accesibles. El resultado es una competencia absurda entre el IPV y el sector privado.
Una función social que está lejos de ser social
El instituto público compite directamente con bancos e inmobiliarias. Su función social se ha desdibujado por completo. En lugar de ser un facilitador se ha convertido en un obstáculo más. Los requisitos financieros impuestos son desproporcionados e injustos. Excluyen de plano a quienes más necesitan apoyo estatal. La provincia parece operar como una empresa lucrativa. Ha abandonado su rol de proveedora de bienestar social básico.
Comparar las exigencias del IPV con el mercado es revelador. Con treinta millones de anticipo hay opciones privadas atractivas. Se pueden adquirir departamentos en ubicaciones privilegiadas. El macrocentro de Salta ofrece varias alternativas en ese rango. La flexibilidad de pago privada a veces supera al instituto. Esta situación es un despropósito institucional mayúsculo. El Estado no debería emular los precios del mercado libre.
La esencia misma del IPV está siendo traicionada en Salta. Su razón de ser es acercar la vivienda a los más vulnerables. Debe ser un puente no otra barrera infranqueable. Los elevadísimos requisitos actuales son una burla. Convierten un derecho social básico en un lujo inaccesible. La provincia ha perdido el rumbo en política habitacional. Urge un replanteamiento profundo de sus criterios y métodos.
¿Quiénes pueden reunir treinta millones de pesos líquidos hoy. ¿Quiénes perciben salarios de dos millones de pesos mensuales. Ciertamente no son los trabajadores formales promedio. Menos aún los informales o los sectores más empobrecidos. El IPV de Salta está sirviendo a un segmento minoritario. Ha olvidado su compromiso con la equidad y la inclusión. Esta desviación exige una intervención y auditoría inmediatas.
Derecho a la vivienda digna
La vivienda digna es un derecho humano fundamental reconocido. El Estado tiene la obligación indelegable de garantizarlo. En Salta las políticas actuales del IPV hacen lo contrario. Profundizan la brecha de desigualdad en el acceso. Es inaceptable que el organismo creado para ayudar no cumpla. Se necesita restablecer urgentemente su misión social original. Los recursos públicos deben beneficiar a quienes realmente los necesitan.
El gobierno provincial debe rectificar este rumbo equivocado. Bajar drásticamente los anticipos y requisitos salariales es imperativo. Implementar subsidios reales y planes de pago viables es esencial. Recuperar el sentido de servicio público del IPV es crucial. Los salteños merecen un instituto que trabaje para ellos. Exigimos vivienda accesible no otra entidad financiera excluyente. El momento de actuar y corregir este desvío es ahora.
