SALTA – (Diego Nofal) La credibilidad de la Fiscalía de Ciberdelitos de Salta sufre un golpe devastador. Un escándalo de proporciones inéditas sacude sus cimientos estaría involucrando un técnico interno, que habría sido identificado como Gustavo Cadenas. Este empleado, que sería el encargado de revisar equipos incautados, es ahora el principal acusado. Su presunta doble vida expone una vulnerabilidad institucional alarmante. La institución diseñada para combatir el crimen digital en Salta está bajo sospecha. Dije que era un escándalo de proporciones inéditas en la provincia y creo que me quedé corto.
La denuncia de una mujer destapó este inquietante caso. Ella confió su computadora personal al técnico para repararla. Posteriormente, según su denuncia, descubrió sustracciones de dinero en su cuenta bancaria. Además, detectó la extracción no autorizada de datos personales sensibles. Su reclamo inició una investigación interna urgente. Las evidencias habrían apuntado de manera contundente al empleado técnico. Este hallazgo habría conducido a su inmediato despido de la Fiscalía.
Lo más grave trasciende el perjuicio individual sufrido por la denunciante. Este técnico habría tenido acceso privilegiado a numerosos equipos secuestrados. Dichos dispositivos formaban parte de causas judiciales activas y críticas. Presuntamente manipuló computadoras con información altamente confidencial y delicada. Pudo extraer, copiar o manipular datos sin ningún control efectivo. La integridad de múltiples investigaciones pendientes habría quedado ahora en un entuerto.
Seguridad frágil
Sofía Cornejo Solá es la niña mimada del Poder Judicial. Se la presentaba como la unidad estrella del gobierno provincial. Hoy, esa reputación está a punto de irse a pique por este bochornoso episodio. El técnico operaba supuestamente desde dentro de su propia estructura. Además habría ofrecido abiertamente servicios de hackeo mediante redes sociales. Su actividad delictiva paralela pasó desapercibida durante un tiempo.
La magnitud del riesgo potencial es sencillamente enorme. Este hombre habría tenido en sus manos equipos de muchas personas investigadas. Pudo acceder a datos financieros, comunicaciones privadas, pruebas digitales. La posibilidad de que haya extraído información sensible es real. Dicha información podría usarse para extorsión o venta ilícita. Las víctimas de los delitos originales podrían sufrir un nuevo daño.
La combinación de roles del acusado es profundamente perturbadora. Por un lado, sería un funcionario de confianza de la Fiscalía. Por otro lado, operaba como técnico informático ofreciendo reparaciones. Este acceso dual le habría proporcionado oportunidades ilimitadas para el abuso. Utilizó su posición oficial para ganar acceso a dispositivos ajenos. Luego, aprovechó ese acceso para cometer robos y estafas directas.
Un desastre que podría haberse evitado
Este escándalo plantea preguntas incómodas sobre los controles internos. Es increíble cómo pudo un empleado dedicado a supuestas actividades delictivas pasar los filtros, claramente no existen protocolos suficientes para supervisar su manejo de evidencias. La Fiscalía debe responder con transparencia y acciones contundentes. La falta de supervisión adecuada habría facilitado este desastre institucional.
“Lo que ocurrió es gravísimo. Hay que ver qué arroja la investigación, para saber hasta donde pudo esta persona, acceder a datos sensibles. Hay que investigar qué equipos manipuló y en base a eso las consecuencias pueden ser varias y graves”, señaló el abogado Nicolás Maggio minutos después de enterarse del escándalo.
La reparación del daño causado demandará un esfuerzo monumental. Se debe auditar urgentemente cada caso que manejó el técnico implicado. Las posibles víctimas de su doble juego merecen ser notificadas. Se necesita una revisión exhaustiva de todos los protocolos de seguridad. Restablecer la confianza ciudadana será un camino largo y difícil. Este caso es una advertencia sombría sobre los enemigos internos. La justicia digital debe comenzar por limpiar su propia casa.
