SALTA – La Justicia Federal de Salta formalizó una investigación penal contra un hombre oriundo de Orán. El sospechoso, identificado como Clemente Rojas, está acusado de haber enviado una amenaza de muerte a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de un mensaje privado desde la red social Facebook.
La resolución fue adoptada por el juez federal de Garantías Gustavo Montoya, a pedido de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, luego de que se identificara al presunto autor bajo el nombre de Clemente Rojas, según precisó Infobae.
El caso
El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 19 de diciembre de 2024. Ese día, Patricia Bullrich recibió en su bandeja de entrada de Facebook un mensaje amenazante proveniente de un perfil identificado como “Jesús Robles”, que incluía insultos y advertencias de ataque en caso de que visitara esa ciudad fronteriza.
En el texto, el remitente también cuestionaba el accionar de las fuerzas de seguridad. Además, negaba que Fernando Gómez, un trabajador de frontera fallecido un día antes en un operativo de Gendarmería Nacional en Aguas Blancas, fuera un “narco”. La amenaza se hacía extensiva incluso a personal de la fuerza.
Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, radicó la denuncia inicialmente. La investigación quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Daniel Rafecas. Desde allí, se delegó la pesquisa a la División de Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que logró determinar que el perfil agresor había desactivado el servicio de mensajería al día siguiente de enviar el mensaje.
La investigación que dio con el sospechoso
Tras una explotación más profunda de los datos, se estableció que el titular de la cuenta era Rojas. Sus características físicas coincidían con las de la imagen utilizada para enviar la amenaza.
Finalmente, el 23 de junio, el juez Montoya hizo lugar a la solicitud del fiscal federal Marcos Romero, titular de la sede de Orán, quien impulsó la imputación formal con colaboración del auxiliar Luis Francisco Valencia y el investigador Enzo Rodríguez.
