SALTA – (Pablo Kosiner) El reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad no es un hecho aislado ni una simple decisión administrativa. Es, en realidad, la expresión más cruda de un modelo de país que abandona toda noción de federalismo real y solidario, transfiriendo funciones esenciales del Estado a lógicas de mercado que no contemplan el interés general, la equidad territorial ni la cohesión social.
El vocero presidencial justificó la medida en nombre de la lucha contra la corrupción, señalando con dedo acusador a la llamada “Causa Vialidad”. Pero el combate a la corrupción no se logra con dinamita institucional. Se logra con mayor transparencia, con auditorías independientes, con justicia que funcione sin presiones políticas, y con fortalecimiento de los organismos de control, no con su eliminación.
¿Cuáles son las funciones de Vialidad Nacional?
Vialidad Nacional tiene a su cargo más de 40.000 kilómetros de rutas que estructuran el territorio argentino. Su tarea excede el bacheo o la señalización: planifica, fiscaliza, construye, mantiene y, sobre todo, garantiza la conectividad entre regiones, el acceso a servicios básicos y el movimiento de la producción. Al cerrarla, se deja en manos del azar —o del negocio privado— rutas estratégicas que conectan a las economías regionales con los puertos, a los estudiantes con sus escuelas rurales y a los trabajadores con sus oportunidades.
La promesa de concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales suena atractiva solo en el papel. En la práctica, sabemos que el capital privado se concentra donde hay rentabilidad, no donde hay necesidad. ¿Quién va a invertir en rutas poco transitadas del Norte Grande, o en los caminos de montaña del NOA y la Patagonia profunda? Sin un criterio federal y con un Estado retirado, muchas provincias quedarán al margen de toda mejora o mantenimiento vial, profundizando las asimetrías que ya las condenan a la postergación.
Pérdida de operatividad y empleo
El reemplazo de Vialidad por una nueva “Agencia de Control” dependiente del Ministerio de Economía no solo es preocupante desde lo operativo, sino también desde lo simbólico. Significa que se sigue viendo a las rutas como una variable contable, no como un derecho. Que se piensa más en reducir el gasto que en optimizar la presencia del Estado donde más se lo necesita. Y que se concentra el poder decisional en un Ejecutivo que gobierna sin escuchar a las provincias.
Además, el cierre de Vialidad arrastra consigo la pérdida de más de 5.500 empleos en todo el país. Empleos que no son “ñoquis” ni burocracias ociosas, sino trabajadores que día a día recorren rutas, arreglan calzadas, colocan carteles y arriesgan su vida para que otras puedan transitar. Quitarles su lugar es también quitarle al país la posibilidad de seguir funcionando.
Rutas nacionales seguras es mayor soberanía
Lo que está en juego no es solo una institución. Es el federalismo. Es la soberanía territorial. Se trata del derecho de millones de argentinos a vivir conectados, integrados y cuidados. La infraestructura vial no puede quedar sujeta solo a la lógica de la ganancia o al cálculo de la rentabilidad. Necesitamos rutas seguras, accesibles, planificadas en función del desarrollo nacional y no del interés de unas pocas empresas.
Este es el momento para alzar la voz. No hay provincias sin caminos, y no hay caminos posibles sin una política pública nacional que los garantice. El cierre de Vialidad es una nueva señal de que se pretende gobernar desde Buenos Aires para el poder económico centralizado, como si el resto del país fuera un gasto a recortar y no una parte esencial de nuestra identidad colectiva.
Sin rutas, no hay país. Y sin un Estado presente, no hay futuro para las provincias.
