SALTA – La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Emilia Orozco, celebró que las iglesias puedan administrar bienes sin ser asociaciones civiles. La modificación sobre la entidad cívica de las organizaciones religiosas se dio a través del decreto 486/2025. Esta permite a las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas trabajar bajo estatutos particulares. Además, insta a las provincias a adherir a este cambio, algo que la legisladora ya solicitó para Salta.
«¡Buenas Noticias! Por primera vez todas las iglesias podrán rubricar sus libros contables y actuar con plena TRANSPARENCIA sin dejar de ser lo que son: iglesias, comunidades de fe, espacios espirituales», festejó Emilia Orozco en la Secretaría de Culto y Civilización de la Nación.
¿Qué implica esta modificación?
En el video que posteó en sus redes sociales, se mostró junto al responsable de dicha cartera, Nahuel Sotelo, para que él pueda explicar qué implica esta modificación. Asimismo, dijo que «estaría buenísimo que Salta adhiera» al decreto que salió esta semana.
«Gracias a una firma del presidente Milei, en la República Argentina se va a hacer que las iglesias sean tratadas como iglesias. Antes, cuando se registraban, eran fundaciones y organizaciones civiles. Ahora, las iglesias tienen la libertad de ser reconocidas como tales», destacó Sotelo junto a Emilia Orozco.
Por último, el secretario de Culto resaltó que este decreto presidencial viene de un pedido y trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo, que data de hace 25 o 30 años.
Algunas detalles adicionales sobre este decreto
Según mencionaron desde la Secretaría de Culto y Civilización, el objetivo es facilitar la acreditación de la personería jurídica a las entidades de culto inscriptas en el Registro Nacional de Cultos. “La medida apunta a que, por primera vez, las comunidades puedan rubricar sus libros contables y actuar con plena transparencia sin dejar de ser lo que son: iglesias, comunidades de fe, espacios espirituales”, precisaron en el comunicado que difundieron.
De adherir las provincias, las instituciones de fe podrán diseñar su propia estructura jurídica e inscribirse en un libro en cada jurisdicción. Será la Inspección General de Justicia (IGJ) la encargada de implementar el decreto con los organismos provinciales.
La nueva normativa aclara que la medida no es obligatoria. Además, mencionó que persigue la intención de facilitarle funcionalidad para “darle más opciones a las iglesias, y que por eso respeta la voluntad y la elección de cada comunidad”.
