SALTA -En medio del debate nacional sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, el escándalo de las supuestas coimas solicitadas por Karina Milei, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Gabriela Flores, salió a dar su postura.
En diálogo con el medio Infinito, Flores defendió el procedimiento de auditoría impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según explicó, el control sobre las pensiones fue uno de los puntos que más incomodó, pero insistió en que resultaba necesario.
“El primer tema que molestó fue la auditoría: no es un tema que se haya estado manejando de forma regular en las gestiones anteriores. Hay un índice de personas discapacitadas que cobraban su pensión muy superior a las personas discapacitadas que tiene un país normal, y entonces se decide auditar”, planteó Flores.
La dirigente libertaria, Gabriela Flores, reconoció que se trata de una cuestión sensible, aunque aseguró que el verdadero objetivo es mejorar las condiciones de quienes realmente necesitan del Estado. “El que es discapacitado tiene que tener mejores prestaciones que las que tiene”, subrayó.
En esa misma línea, Gabriela Flores buscó despejar críticas y remarcar que no se trata de un ajuste indiscriminado. “Hay algo que tampoco se dice: no tocaron los planes sociales, los vouchers de educación se instrumentan y se pagan todos los meses”, aclaró.
Gabriela Flores defiende al gobierno de Milei
Las declaraciones de Flores se producen en un contexto en el que el oficialismo intenta frenar la ola de cuestionamientos tras el rechazo en el Senado al veto presidencial de Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La oposición acusó al gobierno de desatender a los sectores más vulnerables, mientras que desde La Libertad Avanza aseguran que lo que se busca es un sistema más justo y sostenible.
Flores se alineó con la narrativa libertaria que insiste en ordenar las cuentas públicas y combatir lo que consideran prácticas clientelares heredadas de gestiones anteriores. Su mensaje, sin embargo, no deja de abrir el debate sobre el equilibrio entre la transparencia administrativa y la protección social de los grupos más frágiles.
