SALTA – El Senado provincial aprobó esta semana la extensión de hasta un año de la ley que suspende los desalojos de pequeños productores rurales. La medida, vigente desde 2010, busca proteger a comunidades campesinas de diferentes puntos de la provincia que no tienen título de propiedad. Según medios locales, la medida prorrogada hasta 2026 está pensada especialmente en las comunidades que habitan en departamentos de Rivadavia, San Martín, Anta y zonas rurales.
La Cámara de Diputados provincial deberá revisar esta ley para su total aprobación y posterior promulgación. El objetivo es evitar que se avancen con procesos judiciales que podrían dejar sin hogar ni sustento a familias que llevan generaciones habitando esas tierras. Según mencionaron en la Cámara alta, muchas de ellas viven del autoconsumo o de una producción mínima que los abastece con el mínimo de productos para su subsistencia. Por ese mismo motivo, no cuentan con los recursos ni la seguridad jurídica para enfrentar un juicio de desalojo.
Medida original
La medida original surgió como respuesta a la creciente presión sobre la tierra en Salta. A medida que algunas zonas del interior empezaron a cotizar para su explotación agrícola y ganadera, aparecieron nuevos propietarios con escrituras que buscaban tomar posesión. En varios casos, al llegar al terreno, encontraron familias asentadas desde hace décadas.
Durante la discusión en el Senado provincial, se remarcó que muchas de estas familias no tienen acceso a créditos ni programas estatales justamente por no contar con escrituras ni otros documentos que le permitan acceder a una vía jurídica.
De ser aprobada la ley, extenderá hasta el 2026 la protección a pequeños productores salteños. Por lo tanto, se proveerá un resguardo mínimo frente a un problema estructural que sigue sin una solución definitiva.
