SALTA – La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA), Victoria Cervera, denunció persecución sindical por parte del Gobierno de Gustavo Sáenz. Aseguró que muchos trabajadores docentes perdieron hasta 500.000 pesos por sanciones impuestas por el Ministerio de Educación que conduce Cristina Fiore. Interpusieron un amparo para frenarlos.
“Quiero denunciar la persecución y la práctica desleal que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Salta en contra de los docentes y de nuestros sindicatos. Como es de público conocimiento, este sindicato llevó adelante un plan de lucha y huelga al rechazar la actualización salarial por debajo de la inflación y con aproximadamente el 60% de nuestros salarios en negro”, sostuvo Cervera.
La sindicalista señaló que todo esto se da en un marco de “grave conflictividad escolar sin acciones preventivas por parte del Gobierno, con el desmantelamiento de recursos profesionales pedagógicos en las escuelas, una creciente práctica disciplinadora con la instrucción de sumarios y el despido de 117 docentes que ejercieron el derecho constitucional de huelga”.
Las medidas llegaron hasta la retención de haberes a dirigentes
Para Cervera, “resolver con sanciones ejemplificadoras la conflictividad social que ingresa a las escuelas y la mano del empobrecimiento creciente de los trabajadores en su conjunto abona el peor de los escenarios para la educación pública. Y es en ese escenario, la lucha por una mejora salarial fue calificada como falta injustificada y descontados los días de paro a maestros y profesores. Y a los miembros de la conducción de Sitepsa les fueron retenidos sus haberes hasta el día de la fecha, con y sin licencia gremial. Lo llamativo de esta medida aplicada solo a Sitepsa es que es un acto de abierta discriminación. Solo nuestro sindicato está siendo objeto de estas acciones por parte del gobierno”.
La titular de Sitepsa aseguró que por las sanciones impuestas por Fiore y Sáenz muchos trabajadores perdieron más de 500.000 pesos. Por ello presentaron un amparo en la Justicia para que el gobierno cese en la maniobra antisindical en contra de los docentes.
