SALTA – (Por Diego Nofal) En medio del fragor electoral nacional, ciertas noticias locales parecen diluirse. La atención pública se centraba en definiciones nacionales de enorme peso. Sin embargo, algunos asuntos domésticos merecen igual o mayor escrutinio. Antes de los comicios, desde este medio exhibimos documentos reveladores. Esos papeles mostraban una operación inmobiliaria cuanto menos sospechosa. La fiscal de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo Solá, adquirió un terreno millonario. Lo grave fue cómo lo escrituró, subvaluando su precio real de manera flagrante.
Esto constituye un delito gravísimo, especialmente para una funcionaria judicial. Pero además es un delito, en calidad de partícipe necesaria que habría cometido la escribana Luciana Araneta, que con su firma convalidó la operación que incluye una clarísima maniobra de evasión impositiva. Esto sin contar la responsabilidad que le cabría a la vendedora Alicia Barresi.
La efervescencia de la elección nacional, crucial para el país, opacó la denuncia. El ruido político logró que el caso pasara casi desapercibido para la gran audiencia. Pero que haya salido del foco mediático no significa que haya desaparecido. La sospecha sobre la fiscal Cornejo Solá sigue intacta y pendiente de explicación. La ciudadanía salteña merece respuestas claras y una investigación exhaustiva. Las instituciones deben demostrar que nadie está por encima de la ley.
Todo comenzó con la valiente denuncia del parlamentario nacional Rodolfo Tailhade. El legislador puso el dedo en la llaga sobre una situación anómala. Alertó que la funcionaria judicial había hecho una compra inmobiliaria descomunal. Sus señalamientos encendieron una alarma que no podía ser ignorada. Tras sus declaraciones, este diario inició su propia investigación. El objetivo era simple, encontrar los papeles que confirmaran o desmintieran los hechos.
Después de varias idas y vueltas, el Intra Salta logró acceder a la documentación. Los papeles confirmaron plenamente la adquisición del terreno por la fiscal. La cifra real de la operación oscila entre doscientos y trescientos millones de pesos. Se trata de una suma abultadísima para cualquier empleado público. Su salario, como el de todos los fiscales, es público y conocido. Es un monto que genera más preguntas que respuestas de inmediato.
Añadiendo más leña al fuego, su esposo también es fiscal provincial. Es decir, tenemos a dos empleados públicos con ingresos estatales. Entre ambos, sus salarios no justifican semejante capacidad de ahorro. Reunir entre doscientos y trescientos millones es una hazaña económica inexplicable. Parece que hubieran ganado una lotería de la que nunca nos contaron. La simpleza de sus declaraciones juradas no cuadraría con esta realidad.
El problema central no es solo la procedencia de los millones. Lo realmente grave es la maniobra que siguió a la compra que hizo Cornejo Solá. En el título de propiedad figura un precio de apenas treinta millones de pesos. Esta diferencia abismal con el valor real es la esencia del delito. Comprar alto y escriturar bajo es evasión impositiva pura y dura. Es un acto ilegal que cualquier fiscal perseguiría con vigor. La ironía de que sean fiscales los presuntos infractores es monumental.
Resulta increíble que este caso no provoque mayor revuelo institucional. ¿Acaso en Salta nos hemos vuelto todos cómplices por silencio? O estamos ante un grupo de ciegos voluntarios, lo que sería peor. Parece existir una élite que no rinde cuentas por formar parte del sistema. Esto refleja el gran problema de la justicia salteña, no es igual para todos.
Esperamos que esta situación no caiga nuevamente en el olvido. La sociedad salteña no puede permitir otro caso de impunidad flagrante. Exigimos a las autoridades competentes que actúen con celeridad y transparencia. Alguien debe investigar de dónde salió el dinero para el terreno. Y si ese dinero se encuentra debidamente justificado. Si no lo hacen, será la ciudadanía o algún abogado quien deberá alzar la voz aún más fuerte. Los tiempos electorales pasan, pero la demanda de justicia permanece.
Diego Nofal, miembro de Fopea.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
X @turconofal.
