SALTA – (Por Diego Nofal) En una nueva audiencia, en la que confirmaron las imputaciones recaídas sobre ocho implicados, la jueza Mariana Catalano, a veces nombrada para integrar la Corte Suprema, se mostró firme respecto al caso que tiene en vilo a Salta. Desde que saltó a luz, miles de salteños siguen atentamente los pormenores de la investigación que destapó una red de trata inimaginada, cuyo foco principal está centrado en la captación de alumnas del nivel secundario para someterlas a la prostitución sexual de un determinado círculo de pervertidos. La captación se realizaba a través de redes sociales mientras nuestra fiscal de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo Solá, estaba ocupada comprando terrenos demasiado costosos para su sueldo.
Entre los acusados, para más no creer, figura un empresario, un comerciante, un remisero, un empleado público y un oficial del Ejército. Todos aseguran ser inocentes y blanden un mismo argumento: no sabían que eran menores, cuando a simple vista, las víctimas evidenciarían su escasa edades. No obstante, las defensas de la mayoría de los imputados, en especial lo más pudientes, insisten en abrir una puerta que les permita, al menos, acceder a un arresto domiciliario, pues saben que el delito adjudicado los podría dejar tras las rejas por, al menos, 20 años.
La imputación más grave, achacada a cinco de ellos, es la de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la minoridad, la cantidad de víctimas, la vulnerabilidad, en concurso real con asociación ilícita. La del resto no es menor, pues se los acusa de promoción y facilitación de la prostitución de menores, con una pena similar.
En su última arremetida por desligarse de la pesada carga penal y obtener una modalidad de prisión menos severa, los defensores aludieron que la acusación impulsada por el fiscal general Eduardo Villalba, quien definió el caso como de una “gravedad inusitada”, no es del todo clara.
Intentaron mostrarse afectado por ello, y para ensuciar la cancha, lanzaron algunos chats para dar a entender que las menores habrían reconocido que sabían lo que hacían y que las menores se captaban entre ellas, lo que le valió una respuesta fulminante, tanto del mismo fiscal como de otras partes, como la asesora de menores, la defensoría pública de víctima y la titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
Pero estos chats demuestran que todo comenzó a través de medios digitales. Mientras nuestra fiscal de ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá, estaba ocupada en causas políticas, cuyas imputaciones se dictaban desde Grand Bourg, una red de pederastas operaba, justamente, en los lugares que ella debería vigilar.
Víctimas menores de edad
El contraataque a los argumentos defensivos fue letal, pues todos le hicieron notar que las menores son niña, muchas de ellas incluso no se reconocen como víctimas, a la vez que también sacaron a relucir evidencias contundentes de que los acusados sabían que eran menores, incluso algunos de ellos pedían los servicios sexuales por edades.
Pero la clase didáctica, que incluyó la perspectiva de la niñez, compromisos asumidos por el Estado Argentino mediante tratados internacionales, también tuvo un importante aporte de los jueces que presidieron la audiencia, de los cuales se destacaron los argumentos de dos de ellos.
Uno de esos fue la jueza Mariana Catalano, quien rechazó los argumentos de los defensores, a los que le remarcó que la supuesta falta de claridad no lo es tal, pues todos tienen acceso al legajo, a las evidencias, entre ellas al relato de las víctimas, quienes son irrebatible al describir a los imputados.
La jueza, en su exposición, comparó la investigación con el famoso caso de Jeffrey Epstein, en Estados Unidos. Reconoció que, en esa investigación, si bien se determinó que había víctimas a las que se convencía para reclutar a otras, ello no quita el peso del delito cometido, en este caso, por los integrantes de esta organización.
Lo que queda claro, es que si la justicia Federal no hubiera intervenido jamás hubiéramos descubierto esta red de trata. Porque Sofía Cornejo Solá, la responsable de custodiar a nuestros niños en las redes sociales estaba ocupada abriendo la feria para perseguir a políticos opositores y a medios de comunicación.
Tráfico sexual
La vida de éxitos de Epstein cambió drásticamente en 2005, cuando empezaron a surgir acusaciones en su contra por conducta sexual impropia. La primera de ellas llegó mediante una denuncia de los padres de una chica menor de edad que afirmaban que el multimillonario había abusado de su hija. Esto llevó a una investigación extensa que resultó en la acusación en su contra en 2007 por delitos sexuales múltiples.
En un controvertido acuerdo de inmunidad con la fiscalía — conocido como un acuerdo de culpabilidad — se declaró culpable de dos cargos estatales en Florida: solicitar prostitución y procurar menores para la prostitución. Cumplió 13 meses de una condena de 18 meses de prisión en un área especial de la cárcel del Condado de Palm Beach y se le permitió salir durante el día para trabajar.
En julio de 2019, Epstein fue arrestado de nuevo y acusado de tráfico sexual de menores por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. La acusación alegaba que, entre 2002 y 2005, había explotado sexualmente y abusado de docenas de niñas menores en sus residencias de Manhattan y Palm Beach. Se enfrentaba a una posible condena de hasta 45 años de cárcel si era declarado culpable.
Epstein, sin embargo, nunca llegó a ser juzgado, ya que fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Nueva York en agosto de 2019. La muerte fue declarada oficialmente como suicidio por ahorcamiento por el médico forense de la ciudad de Nueva York; sin embargo, circunstancias alrededor de su muerte han alimentado teorías de conspiración y dudas entre quienes cuestionan la versión oficial.
Diego Nofal, miembro de Fopea.
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