SALTA – (Por Diego Nofal) Si existe una piedra en el zapato del oficialismo salteño, esa es sin duda Roque Cornejo. Sus discursos en la Cámara de Diputados dejan al descubierto la baja calidad legislativa de sus pares. Pero su labor va más allá de la mera crítica retórica. Recientemente, presentó un proyecto para crear dos fiscalías anticorrupción. Estas unidades se encargarían de investigar denuncias por operaciones sospechosas en actividades gubernamentales. Su ámbito incluiría el análisis de gastos públicos y la ejecución de obra pública. Una idea que, en teoría, todos deberían apoyar con entusiasmo.
Bajo estos parámetros tan claros, nos preguntamos quién se negaría a mejorar la calidad institucional. Todo acto de gobierno debe tener la máxima transparencia posible. La sociedad salteña merece la tranquilidad de que sus impuestos se usan correctamente. Saber que los recursos se destinan a mejorar la vida de todos es fundamental. Parece un concepto simple, casi de sentido común, que no debería generar controversia alguna. Sin embargo, la realidad política salteña nos depara siempre alguna sorpresa.
Pese a los motivos de peso para aprobar esta iniciativa, la Legislatura decidió otro camino. El bloque oficialista de la cámara de diputados optó por bloquear la propuesta. Así, la creación de estas fiscalías especializadas no podrá concretarse. Su misión hubiera sido investigar cualquier sospecha de malversación del erario público. Evitar el enriquecimiento ilícito de miembros del gobierno o de empresarios amigos era su objetivo. Un golpe más a la confianza ciudadana en sus instituciones.
Una pregunta inevitable surge de esta decisión. ¿Qué tendrán para esconder los diputados que se oponen a esta herramienta? Las fiscalías estarían especializadas en casos que afectan directamente el interés de los salteños. Como decían con sabiduría nuestros abuelos, el que nada debe nada teme. La lógica popular parece no encontrar eco en los pasillos del poder legislativo. Uno esperaría una carrera por apoyar la transparencia, no una huida hacia adelante.
Esta decisión deja un sabor amargo en la ciudadanía. Carecer de una fiscalía anticorrupción local es una desventaja enorme. El contexto nacional muestra juicios por desvío de fondos públicos a gran escala. Una expresidenta está siendo juzgada por enriquecimiento ilícito durante su gestión. Nada sería más reconfortante que contar con organismos propios dedicados a estos delitos. Sería una señal clara de que Salta está en serio contra la corrupción.
Mientras tanto, los pocos opositores en la Cámara de Diputados vernácula siguen en su lucha, como un incansables guardianes cívicos. Sus intentos por instalar temas cruciales chocan con un muro de desinterés. La comedia política salteña a veces roza lo absurdo. Los legisladores parecen más preocupados por sus agendas que por el bien común. La ciudadanía observa con desencanto este espectáculo repetitivo. La esperanza es que la presión social eventualmente logre torcer voluntades.
El bloqueo a las fiscalías anticorrupción no es un tema menor. Es un mensaje claro sobre las prioridades de quienes nos gobiernan. La transparencia y la rendición de cuentas quedaron en un segundo plano. Los salteños merecemos respuestas y no evasivas sobre el uso de nuestro dinero. El debate está servido, y la pelota queda en la cancha de la sociedad. Exijamos que nuestros representantes actúen con la altura que la provincia merece.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
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