SALTA.- (Por Renato Ocampo) Mientras las gomas de los autos se revientan en los cráteres de la Ruta Nacional 34 y las familias de Salta cuentan cruces en las banquinas, el gobierno de Javier Milei ha decidido que la solución no es cumplir con su obligación, sino aplicar un saqueo institucionalizado. Bajo el pomposo nombre de «Etapa III de la Red Federal de Concesiones», el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, confirmó la instalación de nuevos peajes en puntos estratégicos como Metán y Salta Capital.
Es una burla sin precedentes. Nos anuncian «obras de bacheo profundo y repavimentación» sobre 592 kilómetros de las rutas nacionales 9 y 34 como si fuera un favor, cuando es la mínima responsabilidad del Estado Nacional por la que ya estamos pagando. Los mayores perjudicados serán sin dudas los transportistas y choferes que recorren estas vías de manera diaria por razones laborales.
La trampa de la doble imposición
Lo que el relato oficial no dice es que los argentinos ya financiamos las rutas cada vez que cargamos combustible. La Ley 23.966, en su Título III, establece claramente el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos. Según el Artículo 19, inciso f de dicha norma, el 28,58% de lo recaudado se destina específicamente al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Es decir, el dinero para mantener la Ruta 34 ya sale de nuestros bolsillos en cada surtidor. Un fondo que con el creciente e incesante aumento de los combustibles ya debería tener resto suficiente para financiar las obras sin necesidad de seguir pidiéndole plata a los salteños.
Implementar peajes ahora es obligar al usuario a pagar dos veces por el mismo servicio. Es un doble costo injustificable: aportamos por ley para un fondo de infraestructura que el gobierno nacional decide ignorar o desviar, y ahora exigen un canon extra para que empresas privadas como Cartellone, CPC o Chediack, hagan el mantenimiento que el Estado ya cobró.
¿Más barato el sobreprecio que la «libertad» de Milei?
Llegamos a un punto de tal perversión económica que, haciendo cuentas, resultaría incluso más barato pagar las rutas con “sobreprecio” a las constructoras en un solo pago, antes que este esquema de Milei. Bajo este nuevo modelo, el salteño pagará el impuesto al combustible de forma eterna y, además, pagará peajes durante décadas para circular por rutas nacionales que deberían ser de libre tránsito. Es un negocio redondo para las concesionarias y un certificado de defunción para la economía regional y el transporte de carga.
Un gobierno nacional sordo y una provincia que cede
La gestión de Javier Milei trata a las rutas del norte como simples activos, para canjear votos en el congreso, ignorando el estado de abandono total y el peligro de muerte constante en el tramo Rosario de la Frontera – Metán, por ejemplo. Es una política de «abandono y cobro»: dejan que la infraestructura se caiga a pedazos para luego justificar la entrega a privados que nos cobrarán por transitar sobre parches.
Salta no necesita más estaciones de cobro; necesita que el dinero de la Ley 23.966 vuelva a las rutas en forma de asfalto y seguridad, no de cabinas de peaje. No es inversión, es un peaje al desarrollo de un norte que ya no aguanta más.
