Parece que Salta va a contramano del resto del país. Es que en la Legislatura provincial se está debatiendo un proyecto que no hace más que subir regulaciones en la compra y venta de inmuebles. En este sentido, el Senado salteño, a través de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, y representantes del sector inmobiliario, debaten modificaciones a la Ley provincial de Corredores Inmobiliarios (Nº 7.629).
La reunión fue presidida por el senador Javier Mónico y contó con la participación de los legisladores Jorge Soto, Alejandra Navarro, Miguel Calabró, Leopoldo Salva, Walter Cruz, Walter Wayar y Dani Nolasco. Por el sector privado participaron Carlos Cabezas, del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (Cucis); Javier Cornejo, corredor; Pablo Castañeda, corredor vinculado a franquicias inmobiliarias; y Santiago Monti, Cristian Busquets y Gerardo Sánchez, de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi).
El proyecto, que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados de Salta, refuerza la regulación del corretaje inmobiliario en la provincia. Pues, exige que toda actividad del sector la realicen exclusivamente los corredores debidamente matriculados. De esta manera, apunta a ampliar las prohibiciones a quienes permitan el uso de su nombre por no matriculados y a quienes acepten encargos que vulneren autorizaciones previas vigentes, se detalla en un comunicado oficial del Senado provincial.
También establece nuevas obligaciones para los corredores, como fijar domicilio en la provincia, contratar un seguro de caución o constituir una garantía real destinada a cubrir daños derivados de su actividad y mantener una oficina habilitada para la atención al público. Finalmente, define como ejercicio ilegal cualquier actividad inmobiliaria realizada por personas no matriculadas en cualquiera de sus modalidades y otorga al Cucis facultades de control, fiscalización y denuncia en todo el territorio provincial.
El debate
Durante el encuentro se hizo hincapié en la importancia de evitar el ejercicio ilegal del corretaje y de proteger a los usuarios mediante un marco regulatorio que responsabilice a los corredores matriculados por las operaciones que autoricen. Se reflejó además la diferencia de enfoques entre Cucis y Camesi sobre el artículo que habla de los dependientes.
Mientras Cucis considera que esa figura no los habilita para celebrar ventas o alquileres por no estar matriculados, Camesi los define como colaboradores que apoyan al corredor en funciones complementarias a su tarea, como community managers, operadores de drones, agrimensores o personal administrativo, cuyos roles deben ser precisados taxativamente para evitar caer en zonas grises en la nueva norma.
Asimismo, se debatieron propuestas sobre la extensión de mandatos, la representatividad en asambleas extraordinarias y la necesidad de mantener la competencia sin otorgar poderes de policía adicionales. Los presentes coincidieron en que la regulación debe proteger a los usuarios, fomentar la transparencia y asegurar que los corredores debidamente matriculados sean responsables de sus actos.
Cucis subrayó que la iniciativa busca reforzar el marco institucional del organismo sin afectar la actividad de franquicias reconocidas, como Remax, ni limitar la competencia. Finalmente, los participantes se comprometieron a remitir sus observaciones por escrito para la Comisión las considere en el análisis del proyecto y en la consolidación de una propuesta que fortalezca la seguridad y la regulación del corretaje inmobiliario en la provincia.
