El Senado de Salta comenzó una serie de sesiones que apunta a modificar una ley con el objetivo de que los acusados por abuso no puedan ser docentes. En este sentido, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología inició este miércoles una ronda de consultas para analizar el proyecto que modifica el primer párrafo del artículo 1º de la Ley Provincial Nº 8471.
La iniciativa propone, además de impedir el ingreso o la permanencia en funciones docentes o no docentes de personas imputadas por delitos contra la integridad sexual mientras dure el proceso, la de quienes hayan sido condenadas por delitos dolosos de cualquier naturaleza, ampliando así el rango de acción en materia de garantías y seguridad para los alumnos.
El encuentro lo encabezó el titular de la comisión, Dani Nolasco, junto a los senadores, Alejandra Navarro -autora de la iniciativa-, Walter Cruz, Sonia Magno y Leopoldo Salva. Por el Ministerio de Educación asistieron el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, y de Asuntos Jurídicos, Gustavo Guanca, informó la Cámara alta salteña en un comunicado.
Durante la reunión, Navarro explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de brindar más protección y resguardo a los estudiantes y que responde a situaciones concretas observadas en el sistema educativo. Desde la cartera educativa se valoró la iniciativa y se sugirió la necesidad de definir con mayor precisión qué tipo de delitos dolosos con condena impedirían el ingreso y qué tipo de procesos penales en trámite se considerarían para restringir el acceso a funciones educativas.
Por su parte, Williams Becker señaló la importancia de mantener criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad y de distinguir entre situaciones de imputación vinculadas a delitos sexuales -ya contempladas con mayor rigor en la legislación vigente- de otras figuras penales que pueden requerir tratamiento diferenciado.
A su turno, los senadores detallaron los alcances del proyecto y las distintas realidades que atraviesan las instituciones educativas. Por ejemplo, se destacaron casos recientes que impulsaron la urgencia de revisar los mecanismos de control, como así también la necesidad de resguardar la integridad física y emocional de los estudiantes. También se mencionó el impacto que estos procesos generan en comunidades pequeñas y la importancia de evitar traslados de docentes denunciados que generen nuevas situaciones de riesgo.
En tanto, la senadora Navarro subrayó que la protección de niñas, niños y adolescentes es prioritaria y que el marco normativo debe acompañar ese objetivo, sin afectar derechos, mientras se respetan los procesos judiciales. Legisladores y el Ministerio coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una regulación más clara, que permita actuar con mayor eficacia frente a situaciones que comprometan la seguridad en el ámbito escolar.
“Buscamos que ninguna persona con antecedentes por delitos dolosos pueda estar al frente de alumnos”, concluyó Navarro. En definitiva, la Comisión resolvió continuar el análisis del proyecto con la participación de los restantes actores del sistema educativo, a fin de consolidar una propuesta que brinde mayores garantías para toda la comunidad escolar.
