SALTA – (Por Diego Nofal) El escándalo del concejal libertario Pablo López sacudió a la sociedad salteña y también a todo el país. Ese día nos enteramos de una noticia realmente difícil de digerir. El representante de La Libertad Avanza, que prometía cambiar la vieja política, tenía a su pareja como asesora. Además, le retenía una parte importante de su sueldo legalmente asignado. Pero detrás de esa anécdota laboral existía un trasfondo mucho más grave y repudiable. La situación pintaba un cuadro de abuso de poder realmente lamentable.
La verdad salió a la luz a través de unos audios difundidos públicamente. En esas grabaciones se escuchaba a Pablo López hablar de una supuesta deuda. La mujer, según su versión, tenía una obligación económica con él. El concejal libertario sugería entonces una forma de pago alternativa y abusiva. Los favores sexuales eran presentados como moneda de cambio para ir saldando ese monto. Esto configuraba una clara extorsión sexual para liberar el sueldo retenido.
Todo este affaire causó un revuelo instantáneo y comprensible en la política local. El Concejo Deliberante no tardó en reaccionar ante semejante bochorno. Decidió expulsar a López de sus filas de manera inmediata. Su propio partido, La Libertad Avanza, también lo dio de baja entre sus afiliados. Parecía el final lógico para una carrera política fulminada por su propia conducta. Sin embargo, la realidad siempre encuentra la forma de superar a la ficción, y la salteña es muy creativa.
Para cuando estalló el escándalo, Pablo López ya había conseguido la reelección. Al candidato le correspondería asumir su nueva banca la próxima semana. Cualquier persona normal preguntaría cómo es posible esta situación. Se daría cuenta de que esto es absolutamente injusto y aberrante. La respuesta reside en un guiño de la Justicia de Salta, una institución que nunca decepciona en su capacidad para meter la pata en el barro, por no decir la mano en “ya-saben-donde”.
El Tribunal de Impugnación de Salta tomó una decisión que dejó perplejos a muchos. Declaró que el material recogido del celular de López no tenía validez. Esa evidencia demostraba la veracidad de los audios que habían sido difundidos masivamente. La anulación se basó en un defecto de forma en el pedido de secuestro. Sí, así como lo está leyendo, un tecnicismo legal lo cambia todo.
Un defecto de forma le da la posibilidad a un extorsionador sexual de ser representante. Los vecinos que lo votaron desconocían la auténtica calaña de su elegido. Qué distinto hubiera sido el resultado de haber conocido la verdad. Pero ya sabe usted que la justicia salteña es de todo menos justa y predecible. Tenemos decenas de casos para demostrar esta triste y recurrente máxima provincial.
Existen posibilidades, que espero prosperen, de que Pablo López no asuma como concejal. La primera es una condena récord que lo ponga tras las rejas. Algo que, tratándose de la justicia salteña, es prácticamente imposible a corto plazo. La otra opción remanente es netamente política y depende de sus pares. Los concejales podrían no permitirle el ingreso al recinto, mostrando así su valía. No obstante, incluso si el cuerpo decidiera no aceptarlo, queda una opción para el concejal. López podría judicializar esa determinación política, alargando el circo. Así que, al final, vamos camino a tener a un delincuente en el Concejo, porque la justicia a veces es una pesadilla para los justos, porque prefiere ser la quimera de los poderosos.
