SALTA – Las irregularidades en las cuentas municipales vuelven a poner en foco el funcionamiento del control estatal en Salta. Dos casos paradigmáticos, como son la gestión de Yolanda Vega en Cerrillos y el mandato de Kukina Vargas, actual jefa comunal de San Carlos, exponen una situación repetida: informes que detectan graves fallas administrativas, pero que rara vez se transforman en causas judiciales efectivas.
En Cerrillos, las observaciones sobre el manejo de fondos, la falta de documentación respaldatoria y las inconsistencias en áreas clave marcaron los últimos años de la administración de Vega. A pesar de la difusión mediática y la gravedad de los hallazgos, el avance hacia responsabilidades penales o sanciones concretas ha sido nulo. El caso quedó estancado en informes técnicos que no llegaron más lejos que los titulares de prensa. Gracias a ello, Yolanda Vega pudo ejercer su cargo como diputada nacional sin complicaciones.
Situación similar atraviesa San Carlos, donde la intendenta en funciones fue señalada por incumplimientos y desórdenes contables serios. Nuevamente, la Auditoría de la Provincia a cargo de Gustavo Ferraris emitió un informe que expuso fallas en procedimientos, registros e implementación de fondos. Pero, al igual que en Cerrillos, la información quedó en el plano público sin que se iniciaran procesos de fondo capaces de corregir el daño o determinar responsabilidades.
Los cuestionamientos, por ende, golpean al organismo, que parece más capaz de aparecer ante los medios que de realizar las funciones que le corresponden. A pesar de que se denuncia «incumplimiento de obligaciones», las gestiones siguen su camino sin que nada les pase.
Falla estructural
El problema denota un serio quiebre estructural dentro de la administración pública. A mitad de este año, un total de 13 municipios de la provincia de Salta seguían sin cumplir con la obligación de presentar sus rendiciones de cuentas. La falta de documentación y de balances actualizados compromete no solo la transparencia, sino la capacidad del Estado de evaluar cómo se administran millones de pesos en fondos públicos.
