SALTA – El ex intendente de Aguas Blancas, de quien se habló mucho la semana pasada, fue noticia en las últimas horas. Resulta que Carlos Alfredo Martínez fue condenado a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el máximo previsto para esa especie de pena para los delitos por los que fue acusados.
La condena fue dictada por la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, en el marco de un juicio abreviado, proceso en el cual las partes acuerdan entre sí, tanto la calificación legal del delito imputado como la pena, la que, por lo general, es menor de la que podría dictarse en un juicio.
Para acceder, primero el ex intendente Martínez reconoció haber recibido información confidencial del abogado Roberto Ortega Serrano, respecto de la investigación del crimen de su hermano, César “Oreja” Martínez, y haberla difundido a terceros, vulnerando la reserva de los datos judiciales, aprovechando la misma para borrar datos de sus dispositivos electrónicos e influir sobre testigos para que modifiquen su declaración. Por el tiempo transcurrido en prisión preventiva, Martínez cumplió su condena y finalmente fue puesto en libertad.
El abogado
El letrado mencionado, en tanto, admitió su intervención en dos hechos de cohecho activo, además de violación de secretos y entorpecimiento de actos funcionales, mientras que Héctor Manuel Alderete, empleado judicial, reconoció haber actuado como intermediario en dos episodios de cohecho pasivo agravado, aprovechando su condición de empleado de la Defensoría de Violencia de Género y su relación de amistad con el exjuez Claudio Alejandro Parisi, destituido por este escándalo.
Por la fiscalía, intervinieron las fiscales Daniela Murua y Mariana Torres y los fiscales Daniel Espilocín y Carlos Salinas. Como parte del acuerdo, Ortega Serrano, fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y quedara sujeto al control de cumplimiento de reglas de conducta, mientras que Alderete recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Beneficios procesales
Según la acusación sostenida por los fiscales, el letrado pagó dádivas a un magistrado y a su secretario para obtener beneficios procesales indebidos para sus defendidos. Entre los actos confesados se incluyen la obtención de la detención domiciliaria de César Martínez, imputado por tentativa de femicidio, la nulidad del requerimiento acusatorio que impidió que la causa sea elevada a juicio, así como la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien hasta la fecha permanece prófugo acusado de matar a una mujer mientras conducía una camioneta y luego fugarse del lugar y hacer desaparecer el vehículo.
También se estableció que Ortega Serrano accedió ilegalmente a un expediente judicial, obteniendo información reservada sobre allanamientos, pedidos de secuestro de celulares y dispositivos de almacenamiento de datos, así como detalles de declaraciones de testigos. Parte de esta información fue compartida mediante la aplicación WhatsApp, permitiendo a los investigados anticiparse a las medidas fiscales y alterar el curso normal de la investigación.
Tras la condena dictada para estos tres acusados, resta juzgar a los imputados Parisi, destituido de su cargo de Juez de Garantías y actualmente detenido, y al secretario Letrado quien se encuentra con prisión domiciliaria, quienes optaron por la realización de un juicio oral y público.
