(Por Federico Mena Saravia).- En Salta, el Poder y la Justicia parecen avanzar en el mismo sentido desde hace tiempo. No se trata de un hecho aislado ni de una crisis puntual, sino de un proceso que se fue consolidando con los años: un esquema en el que el silencio institucional, las causas inconclusas y las decisiones políticas pesan más que las explicaciones públicas.
En los últimos años, una serie de casos graves dejó una huella profunda en la sociedad salteña. Muertes, asesinatos, suicidios y hechos violentos que conmocionaron en su momento, pero que con el paso del tiempo quedaron envueltos en dudas, demoras y respuestas incompletas. La sensación que se repite es siempre la misma: la verdad nunca termina de aparecer del todo.
El rol del procurador García Castiella resulta central en este escenario. Por acción o por omisión, su figura atraviesa cada uno de estos episodios. La cabeza del Ministerio Público no solo administra fiscales: define prioridades, ritmos y silencios. Cuando esas decisiones no llegan, cuando las investigaciones se diluyen o se desvían, la responsabilidad institucional es imposible de esquivar.
El caso del excomisario Vicente Cordeyro expuso con crudeza esas falencias. Su desaparición, la posterior aparición de su cuerpo y las inconsistencias que rodearon el hecho generaron más preguntas que certezas. La causa avanzó sin despejar del todo las dudas que aún persisten. Para colmo, desde la Procuración se habló rápidamente de suicidio, una versión que su familia rechaza de plano.
Algo similar ocurre con el asesinato de Jimena Salas, un femicidio brutal que sacudió a toda la provincia. Años después, el expediente sigue abierto, con un imputado que apareció muerto, otros absueltos y una familia que continúa esperando una respuesta completa. La causa se transformó en un símbolo de lo que no funciona en Salta cuando el poder político y la Justicia se miran de reojo.
También impactaron los suicidios de efectivos policiales, como el ocurrido en la residencia de Las Costas, y otros casos dentro de la fuerza que jamás fueron explicados con claridad. En paralelo, el crimen de Darío Monges dejó al descubierto la violencia extrema y las enormes dificultades para investigar hechos complejos cuando aparecen intereses cruzados.
La justicia de Salta no falla sola
Responde a un sistema donde los jueces llegan a sus cargos por decisión política del gobernador de turno, aun cuando los concursos indiquen otra cosa. En Salta, un cuatro puede ganarle a un diez. Ese mecanismo garantiza obediencia, no independencia. Y todos lo saben.
Cuando las investigaciones no avanzan, cuando los tiempos se estiran y las responsabilidades se diluyen, el mensaje es claro. El poder no necesita ocultar la verdad: le alcanza con administrarla. Así, el miedo se vuelve cotidiano, la resignación se normaliza y la sociedad aprende a no preguntar.
No hace falta un colapso visible para que el daño sea profundo. Alcanza con que nadie controle, con que nadie incomode, con que el sistema funcione solo para protegerse a sí mismo. En ese contexto, la verdad deja de importar. Lo único que importa es quién decide cuándo aparece… y cuándo no.
Soy testigo directo de ese funcionamiento. Este año fui imputado por intimidación pública en una causa burdamente inventada, en la que se presionó a terceras personas para involucrarme, con participación activa de jueces de garantía de otros juzgados y con argumentos propios de un relato de ciencia ficción.
Curiosamente, esos mismos argumentos con los que se me imputó fueron los que, meses después, llevaron a mi sobreseimiento por parte de la fiscal de Ciberdelitos Sofía Cornejo Solá, una funcionaria claramente alineada de manera obsecuente con el poder de turno y que, además, fue la única candidata en la terna al momento de su designación.
Todo esto ocurrió luego de una feroz campaña mediática y en redes sociales, dirigida contra mi persona y contra el medio de comunicación que dirijo. Dicha campaña fue funcional al accionar de la fiscal y tuvo un objetivo claro desde el inicio: erosionar deliberadamente la credibilidad de El Intra Salta y deslegitimar mis opiniones públicas.
No me preocupa que el sistema sea frágil. Me preocupa quién sabe cómo romperlo, usarlo y volver a armarlo a su conveniencia, sin dejar huellas. Cuando ese mecanismo se naturaliza, el daño ya no es individual ni circunstancial: es institucional, es democrático y es profundamente peligroso.
