SALTA.- (Por Diego Nofal) La investigación de una red de trata en Salta ya registra 33 víctimas adolescentes. El número escalofriante sigue subiendo cada día. Hay siete detenidos pero los nombres de los victimarios son un misterio. Las próximas horas podrían sumar más capturas a esta lista nefasta. Al menos cuarenta adolescentes fueron el objetivo de estos depredadores. Todo esto ocurrió ante las narices de autoridades como la fiscal Sofía Cornejo Solá. También frente al procurador general Pedro García Castiella, quienes no lo vieron venir.
Afortunadamente la causa terminó en la Justicia Federal. Hoy sabemos que las jovencitas sufrieron abusos sexuales aberrantes. Las obligaban a realizar sexting con los clientes de la red. Tenían un catálogo en Instagram donde se las exhibía como mercadería. Todo esto sucedió en un ámbito que debería estar custodiado por la costosa fiscalía de Cornejo Solá. El mundo de las redes y las nuevas tecnologías fue el campo de acción. Quienes debían proteger ese espacio ni siquiera se enteraron del drama.
La policía custodiaba supuestamente la puerta de los colegios. Nunca notó que retiraban a las adolescentes personas ajenas. Hombres adultos las esperaban en las puertas con impunidad. Les hacían regalos costosos y promesas falsas. Nada de eso fue identificado por los agentes preventivos. No hubo ni un ápice de prevención efectiva en todo el proceso. Hoy 33 jóvenes tienen la vida marcada por una pesadilla. El Estado y sus encargados de seguridad estuvieron ausentes por completo.
Estoy agradecido de que esta causa cayera en la Justicia Federal. La razón es simple y bastante ilustrativa de nuestra realidad. Si estuviera en la Justicia provincial, García Castiella ya hubiera dado una conferencia. Hablaría en algún medio amigo para intentar cerrar el caso. Diría que ya se identificaron a todos los responsables directos. Luego recomendaría pasar la página y buscar la paz social. Tal como hizo en casos resonantes como los de Saavedra y Cordeyro.
También hubiera salido la otra vocera judicial, Ada Zunino. Su rol sería echarle tierra a las investigaciones urgentes. Buscaría darlas por concluidas sin respuestas profundas. Así opera el sistema de aprietes de la Justicia provincial. Todo con la anuencia de algunos medios de comunicación funcionales. Siempre tienen el micrófono abierto para estos personajes. Deciden frente a un micrófono la suerte de quienes esperan justicia verdadera.
Se intercambiaron cientos de fotos por WhatsApp y otras aplicaciones. Usaron las redes sociales como un muestrario de adolescentes vulnerables. Tenemos una fiscal de ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá, designada para esto. No pudo detectar el más aberrante de los delitos digitales. El abuso sexual contra niñas menores de edad fue su gran ceguera. Mientras ella posiblemente estaba en la peluquería o jugando al fútbol. A 33 jovencitas les arruinaban la vida para siempre sin que ella moviera un dedo.
Ya podemos decir sin temor que la fiscal de ciberdelitos está de adorno. Su papel parece limitarse al armado de causas menores y mediáticas. Hace días mostramos cómo redes de prostitución operan en Telegram. Estoy seguro que la fiscal jamás se hubiera enterado de ese tema. Tampoco se habría enterado de estas 33 víctimas de trata. La denuncia de una madre valiente fue lo que destapó la olla. No hubo prevención, no hubo custodia y ahora esperamos justicia. Estas niñas fueron víctimas del robo más cruel, el de su inocencia. Los responsables, varios adultos perversos, van siendo identificados. Esperemos que todos terminen tras las rejas muy pronto. La sociedad salteña exige respuestas y acciones concretas ya.
Por Diego Nofal, miembro de FOPEA.
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