SALTA.- (Por Diego Nofal) En una de las entrevistas más polémicas que yo recuerde, la fiscal de Ciberdelitos Sofía Cornejo Solá dijo algo realmente increíble. No estamos seguros si fue una confesión abierta de violar artículos constitucionales. Tampoco sabemos si fue fruto de una supina ignorancia sobre su propia competencia. Su declaración parece sacada de un manual de vigilancia masiva, no de un procedimiento legal. El tema, sin embargo, es de una gravedad que estremece a cualquier ciudadano atento.
La fiscal fue categórica y reveladora en sus propias palabras durante esa entrevista. “Cambié de celular, por ejemplo, y cambio mi chip al celular nuevo. Y ahí me recupera todo lo que está en la nube. Ahí esta nube tiene la información”, explicó Cornejo Solá con una naturalidad pasmosa. Agregó que si tenía una foto con imágenes delicadas, que llegó sin querer a un grupo, las empresas se enteran. Según su relato, esas empresas tecnológicas luego le avisan a ella personalmente, lo cual es toda una confesión.
“Entonces yo sé de qué domicilio, por la IP, que es un dato técnico, yo sé en qué domicilio, en la provincia de Salta, porque encima tengo competencia en toda la provincia, en qué domicilio se está traficando este tipo de información o quién tiene en su celular este tipo de imágenes”, continuó. Cornejo Solá remató afirmando que la simple tenencia de ese material en un celular ya es delito en Argentina y el mundo, sin notar, al parecer, que describía un mecanismo de espionaje sin control judicial, su relato fue escalofriante.
No sé por dónde comenzar a analizar semejante declaración, así que vamos por parte. Si la fiscal recibe información de todos los teléfonos de los salteños, está violando el artículo 19 de la Constitución. Ese artículo consagra el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones privadas de manera taxativa. Su explicación convierte a las empresas en sus agentes de inteligencia personales, algo propio de una serie de espías mal escrita.
Además, el artículo 236 del Código Penal argentino establece algo muy claro. No pueden interceptarse comunicaciones de ningún tipo sin una orden judicial previa y fundada. Si las empresas de telefonía o almacenamiento en la nube le pasan información, estarían cometiendo un delito. Y la fiscal, en lugar de alegrarse por el dato, debería denunciarlas por esa práctica ilegal, su lógica es verdaderamente curiosa y preocupante.
Para llevarles tranquilidad a los salteños, debemos aclarar un punto crucial del mundo real. Las empresas serias no entregan información personal sin una orden judicial firme, eso es un estándar global. Lo que sí se puede hacer aquí, con peritos físicamente presentes, es acceder a un teléfono específico intervenido legalmente. Y eso solo funciona con algunas marcas, no es magia ni una red de espionaje omnisciente como parece creer la fiscal.
Todo este episodio deja un sabor amargo y una enorme preocupación institucional. Cuando el Procurador Pedro García Castiella se pregunte por qué no le dieron un lugar en la Corte, que recapacite. Son justamente este tipo de acciones de personas a su cargo las que lo ponen en la picota. Estas declaraciones dañan la credibilidad de toda la Justicia provincial, la falta de rigor técnico y legal es, en el mejor de los casos, desconcertante. Los salteños merecemos funcionarios que protejan nuestros derechos, no que fantaseen con vulnerarlos en entrevistas públicas.
Por Diego Nofal, miembro de Fopea.
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