SALTA – La decisión del gobernador Gustavo Sáenz de proponer a dos exfuncionarios de su gestión para cubrir vacantes en la Corte de Justicia de Salta desató tensiones y reavivó el debate sobre el equilibrio institucional en la provincia. La iniciativa, que deberá ser tratada por el Senado, generó fuertes cuestionamientos desde sectores opositores, en especial desde La Libertad Avanza, que advierten sobre un posible avance del Poder Ejecutivo sobre el máximo tribunal provincial.
Desde el oficialismo sostienen que las postulaciones de Martín Diez Villa y Martín Plaza cumplen con los requisitos constitucionales y responden a la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de la Corte, que arrastra vacantes desde principios de diciembre. Sin embargo, para la oposición el problema no es solo formal, sino político. Los nombres elegidos están directamente vinculados a la actual gestión, lo que pone en duda la independencia judicial.
A estas críticas se sumaron voces con trayectoria en el ámbito judicial y político. Uno de los cuestionamientos más resonantes fue el del exministro de Seguridad y exprocurador general Abel Cornejo, quien expresó reparos sobre la oportunidad y el criterio de las designaciones.
«La designación de Diez Villa para reemplazar a Catalano y de Plaza en lugar de Samson no fue un trámite exento de tensiones. En los pasillos del Poder Judicial se habló de una ‘guerra no declarada’ entre Diez Villa -hasta ahora Defensor General- y el procurador general Pedro García Castiella, finalmente saldada con la confirmación del primero», menciona el especialista en su blog personal.
De este modo, Cornejo indicó que la integración del tribunal con miembros más cercanos al Ejecutivo puede influir en fallos clave futuros. Además, la postulación de Diez Villa y Plaza no es casual: con el 2027 asomándose, ya Gustavo Sáenz piensa en la habilitación de un tercer mandato que le permita continuar al frente del Grand Bourg.
