SALTA – Las graves denuncias de torturas y malos tratos en la cárcel de Metán volvieron a exponer una realidad que se repite en gran parte del Sistema Penitenciario provincial: hacinamiento, condiciones de detención indignas y hechos de violencia institucional que lejos de ser aislados se acumulan sin respuestas visibles.
Mientras se multiplican los testimonios sobre apremios ilegales, castigos y vulneraciones de derechos tanto en unidades masculinas como femeninas, no se conocen intervenciones concretas ni políticas activas por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Salta, a cargo de Mariana Reyes.
La pregunta es inevitable: ¿quién controla, quién protege y quién interviene para garantizar condiciones humanas de detención en la provincia, cuando las denuncias se reiteran y el silencio oficial se vuelve cada vez más evidente? Más allá de alguna declaración del secretario de Justicia Javier Mónico sobre la gestión en las cárceles, no hay acciones concretas.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Estadísticas del Ejercicio de la Pena (SNEEP), el Servicio Penitenciario de Salta presenta una sobrepoblación general cercana al 41,2%. Esta cifra refleja una tendencia estructural que se repite en distintas unidades de la provincia. Además, pone en evidencia las limitaciones del sistema actual para absorber la demanda existente.
Uno de los casos más críticos se registra en la Alcaldía Nº1 de la ciudad de Salta, donde la sobrepoblación supera el 112%. Esto significa que el establecimiento alberga a más del doble de internos para los que fue originalmente diseñado, generando un escenario de hacinamiento extremo.
