SALTA – La diputada provincial Mónica Juárez presentó un proyecto de ley que propone establecer evaluaciones de aptitud psicológica para quienes ejercen las máximas responsabilidades en los tres poderes del Estado.
La iniciativa contempla a magistrados del Poder Judicial y a autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Según explicó la legisladora, el objetivo no es evaluar las ideas, opiniones o posiciones políticas de los funcionarios, sino determinar si cuentan con las aptitudes necesarias para desempeñar cargos que implican un alto nivel de responsabilidad.
“Quienes toman decisiones sobre la vida de los demás también deben estar preparados para hacerlo”, sostuvo Juárez al presentar la propuesta. La diputada remarcó que el proyecto busca evitar cualquier interpretación vinculada con la estigmatización de la salud mental. En ese sentido, planteó que las evaluaciones deberían realizarse bajo criterios profesionales y con garantías de confidencialidad y reserva.
“No se trata de estigmatizar la salud mental ni de juzgar cómo piensa una persona. Se trata de evaluar aptitudes necesarias para ejercer funciones de enorme responsabilidad”, explicó.
“¿Por qué deberíamos tener menos exigencias?”
Juárez fundamentó su propuesta a partir de una comparación con el ámbito laboral privado y con otras actividades en las que se requieren evaluaciones previas para determinar la aptitud de una persona.
“Si para ingresar a muchos trabajos se exige un examen preocupacional o psicofísico, ¿por qué quienes administramos justicia, gobernamos o legislamos deberíamos tener menos exigencias?”, cuestionó.
La iniciativa busca instalar así una discusión sobre los requisitos que deberían cumplir quienes ocupan cargos desde los cuales se toman decisiones que afectan directamente la vida de los ciudadanos.
La legisladora sostuvo que el ejercicio del poder debe estar acompañado por mayores niveles de responsabilidad y preparación. «Cuanto mayor es el poder, mayor debe ser la responsabilidad”, concluyó Juárez.
El proyecto deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo correspondiente, donde se debatirá su alcance, los mecanismos para realizar las evaluaciones y las garantías que deberían establecerse para proteger la privacidad de quienes sean sometidos a estos controles.
