SALTA – El gobernador Gustavo Sáenz firmó este martes un decreto que obliga a los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial a someterse a análisis toxicológicos para detectar consumo de cocaína y marihuana. Si bien la medida fue presentada como una decisión administrativa vinculada a la transparencia y la responsabilidad institucional, su trasfondo político no pasó inadvertido.
Según consignó en sus redes sociales, la medida «apunta a fortalecer una gestión pública transparente, responsable y acorde a la confianza que los salteños depositan en sus instituciones». Su equipo de gabinete convalidó la medida, acorde se demostró en la reunión que se llevó a cabo para impulsar el DNU.
No obstante, la iniciativa no es nueva. Se trata de un proyecto de ley que había sido impulsado tiempo atrás por el entonces diputado provincial Juan Esteban Romero, pero que nunca logró avanzar ni salir de la Cámara legislativa. Meses después, la propuesta finalmente se concreta, aunque no por vía parlamentaria sino mediante un decreto del Ejecutivo.
El detalle político suma lecturas: Romero estuvo presente presente hoy en una reunión con legisladores nacionales y el jefe de Gabinete. En la política salteña, estas coincidencias rara vez se leen como casuales.
Para algunos sectores, la decisión responde únicamente a una definición administrativa del Gobierno. Para otros, se trata de un claro gesto hacia el romerismo, que vuelve a ganar visibilidad en la escena provincial. Un guiño que dice más de lo que aparenta.
