SALTA – Después de meses de hacer oídos sordos, el gobernador Gustavo Sáenz decidió avanzar y obligar a los funcionarios del Poder Ejecutivo a someterse a análisis toxicológicos. La medida, dispuesta por decreto, llega tarde y no sin lecturas políticas, debido a que responde más a una jugada de control de agenda que a una convicción institucional.
Al optar por el decreto, Sáenz se apropia de una bandera que ya estaba instalada en la opinión pública y evita que el tema derive en un debate político abierto. De este modo, logra mostrarse decidido, firme y alineado con el clima social que demanda “orden” y “ejemplaridad”, sin exponerse a las tensiones, cambios o demoras propias del tratamiento legislativo.
El antecedente no es menor. En 2025, cuando el proyecto fue impulsado por el entonces diputado Juan Esteban Romero, la iniciativa no prosperó, al punto que el legislador decidió salirse del saencismo para conformar un monobloque. La negativa a debatir el proyecto de «narco test» en la Legislatura dejó en evidencia que el problema no era el contenido, sino el escenario político. En ese ámbito, el proyecto podía fortalecer liderazgos, generar costos internos y abrir discusiones incómodas sobre alcances, controles y eventuales sanciones.
El decreto, en cambio, concentra poder, neutraliza protagonismos y transforma una propuesta parlamentaria en un gesto personal del Ejecutivo. Así, lo que pudo haberse consolidado como una política estatal, se presenta como una decisión vertical, cargada de simbolismo político.
El mensaje es claro: el control no sólo apunta a la transparencia, sino que también funciona como una herramienta de disciplinamiento interno. Antes no; ahora sí. Pero bajo las reglas del poder.
