SALTA – El nuevo impulso para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años vuelve a instalar en la agenda política argentina un debate tan sensible como recurrente. La propuesta reaparece, una vez más, como reacción frente a hechos de inseguridad de alto impacto y busca enviar una señal de “mano dura” a una sociedad atravesada por el miedo y la demanda de respuestas inmediatas. Sin embargo, el planteo se construye desde una lógica penal simplificada, que prioriza el castigo por sobre el abordaje de las causas profundas de la violencia juvenil.
El gobernador Gustavo Sáenz ya mantuvo reuniones con sus legisladores, aunque todavía resta conocer la posición individual de cada uno frente a una discusión que divide aguas en un contexto social marcado por la fragmentación y la desigualdad. El tratamiento del tema expone no sólo una definición política, sino también una postura ética frente al rol del Estado en la protección de la infancia.
La iniciativa, además, pone en evidencia el uso del sistema penal como herramienta simbólica. Reducir la edad de imputabilidad no aborda la exclusión social, la deserción escolar ni la ausencia de políticas públicas sostenidas en los territorios más vulnerables. Por el contrario, corre el riesgo de trasladar a niños y adolescentes la responsabilidad individual de un fracaso que es estructural y estatal.
De este modo, la propuesta aparece más como una consigna electoral que como una solución integral. El desafío real exige políticas de prevención, inversión social y un sistema de protección eficaz, capaz de intervenir antes de que la violencia se transforme en delito. Sin ese enfoque, bajar la edad de imputabilidad sólo refuerza una respuesta punitiva a un problema que requiere, ante todo, una mirada profunda y de largo plazo.
