SALTA.- (Por Diego Nofal) El gobierno de Gustavo Sáenz tomó una drástica decisión tras meses de reclamos sociales. Funcionarios de primera línea en Salta deberán someterse a un narcotest de drogas sorpresa. La medida, en teoría, abarca desde intendentes y legisladores hasta jueces y ministros. Una iniciativa que suena tan firme como un bombo en carnaval, pero con letra chica. El decreto esconde artilugios que podrían convertir este control en un saludo a la bandera, bien argentino. Parece diseñado más para la foto que para la sustancia, un clásico en nuestra política local.
La primera gran trampa reside en la elección de los funcionarios a testear. El decreto habla de controles sorpresa sin definir quién elige a los sometidos al examen. Tampoco aclara si será por un sorteo transparente o una designación discrecional. En otras palabras, podría ser una elección manual, casi un capricho. Así, el gobernador tendría el poder de decidir quién pasa por el narcotest y quién no. Un mecanismo poco creíble, como buscar agua en el desierto con un colador.
La segunda y gran escapatoria excluye a cerca de cuarenta funcionarios de cualquier control. Los coordinadores de áreas quedarán fuera de estos exámenes sorpresa para detectar consumo de drogas. Una categoría laboral que suena a invento para salvar a allegados, una verdadera laguna legal. Entre los nombres más conocidos que se saltean el control está el todopoderoso Nicolás Demitropulos. Y la flamante Coordinadora interministerial para la prevención del consumo de drogas, Alba Quintar.
Sí, así como se lee, quien debe prevenir el consumo de drogas en Salta no se hará el test. Pasó Juan Contradicción y dijo que esto ya es demasiado. Su puesto, teóricamente clave en la lucha antidrogas, no conlleva la obligación de dar el ejemplo. Una paradoja que quita seriedad a todo el operativo, como llevar un paraguas roto a la tormenta. La credibilidad de la política preventiva queda bajo una sombra de duda considerable.
Pero la joya de la corona, la trampa maestra, está en el procedimiento de la contraprueba. Si un funcionario da positivo en el test inicial, la muestra se enviará a un laboratorio privado. Dicho laboratorio será pagado por el propio funcionario que acaba de dar positivo, algo realmente increíble. Básicamente, podrías elegir el laboratorio de un familiar, un socio o un amigo, pagándolo vos mismo. Un sistema que garantiza tanto como la casa de paja del chanchito de los cuentos, vulnerable por donde se la mire.
Consultamos cómo se realiza este proceso en otras provincias para comparar. En algunos distritos, la prueba y contraprueba se hacen en laboratorios privados sorteados con custodia judicial. En otros, todo el sistema está dentro del ámbito público, con muestras custodiadas por la policía. Los protocolos serios existen, pero Salta optó por un camino propio y muy peculiar. Un camino con más curvas que la Cuesta del Obispo y menos firmeza que un flan.
La idea de fondo, prevenir y disuadir, es loable y necesaria en cualquier gestión pública. Sin embargo, la ejecución con estos agujeros la vuelve un gesto vacío. Cuarenta funcionarios que toman decisiones clave en el Estado salteño podrán zafar del control. Además, el mecanismo de contraprueba es tan frágil que invita a la desconfianza ciudadana. Al final, el decreto parece una obra de teatro donde algunos actores tienen libreto y otros improvisan. Los salteños esperamos políticas serias, no ilusionismos ni trucos de magia barata que se esfuman.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
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