(SALTA) – (Por Diego Nofal).- La designación de Ángel Javier Cancinos como integrante de la Auditoría General de la Provincia avanza en el Senado, y con ella se renueva la pregunta sobre la independencia de un organismo clave para el control de los recursos públicos en Salta. La audiencia pública convocada para el miércoles 4 de noviembre es el paso previo al tratamiento de su pliego, elevado por la Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados. El procedimiento es formalmente correcto, pero las dudas sobre el perfil del candidato persisten en el ambiente político provincial.
La Auditoría General tiene a su cargo funciones de control externo sobre la administración de los recursos provinciales, una tarea que exige autonomía y una mirada crítica sobre el poder de turno. La trayectoria de Cancinos, sin embargo, ha sido cuestionada por su cercanía con sectores del oficialismo provincial, lo que genera suspicacias sobre su capacidad para auditar sin condicionamientos a un gobierno que lo propone. La transparencia no se decreta con un artículo constitucional, se construye con gestos concretos y designaciones incuestionables.
El Senado tiene la oportunidad de demostrar que el control externo no es un trámite burocrático más. La audiencia pública del miércoles será el único espacio donde la ciudadanía, a través de sus representantes, podrá escrutar el currículum y las propuestas del candidato. Si el oficialismo insiste en aprobar el pliego sin un debate profundo, estará enviando una señal inequívoca de que la Auditoría es una extensión del Ejecutivo y no un órgano de contralor.
Salta necesita una Auditoría que no le tema al poder. Los casos de corrupción que han salpicado a distintas gestiones municipales y provinciales en los últimos años exigen un organismo que investigue sin ataduras y que publique sus conclusiones con la misma celeridad con la que el gobierno comunica sus logros. La designación de Cancinos es una prueba de fuego para el Senado, que debe elegir entre la comodidad de un nombre conocido o la responsabilidad de garantizar un control genuino.
La política salteña tiene una deuda pendiente con la transparencia. Cada nombramiento en un organismo de control es una oportunidad para saldarla. Si el Senado la desperdicia, la ciudadanía volverá a sentir que las instituciones están diseñadas para proteger a los poderosos y no para servir a los salteños.
