SALTA.- (Por Diego Nofal) Desde hace un año, El Intra viene denunciando que existe una suerte de grupos de tarea digital que se encarga de difamar opositores y de ensalzar la figura de algunos políticos locales, un fenómeno que ya no sorprende a nadie pero que sigue sin tener consecuencias judiciales claras. Lo extraño es que esto hace un tiempo fue considerado por la fiscal Sofía Cornejo Solá como intimidación pública y la llevó a impulsar una causa que alcanzó a un diputado nacional y al director de este medio, generando un precedente que hoy resulta difícil de ignorar .
Ahora un informe nacional develó que efectivamente, tal como venía denunciando el Intra Salta, existe un grupo de trolls trabajando tanto para el gobierno provincial como para el municipal, una estructura que combina lo artesanal de los comentarios con lo profesional de la pauta digital. Además de los trolls que todos conocemos por sus perfiles anónimos y su inquebrantable lealtad a sus jefes, también hay una serie de medios y cuentas de redes sociales que se dedican a reproducir contenido en contra de los opositores al gobierno municipal, amplificando el mensaje como si se tratara de una campaña orquestada.
Hoy además se reveló que había cuentas que estaban poniendo dinero para generar más alcance en publicaciones donde se atacaba a la gestión de Bettina Romero, una práctica que los manuales de comunicación política llaman «promoción» y que la calle llama simplemente «poner plata para pegar». Que casualmente fue durante la última semana el blanco favorito de el intendente Emiliano Durand, varios funcionarios municipales y los medios que pertenecen al jefe comunal, lo que hace sospechar que el dinero podría estar viniendo de las arcas municipales para sostener esta cruzada digital.
Esta situación configura de manera definitiva el delito de peculado porque al menos en el presupuesto oficial no figura dinero para trolls ni una partida específica llamada «campaña sucia contra la oposición», aunque la creatividad de los funcionarios para etiquetar gastos bien podría haber encontrado un eufemismo aceptable. La exintendenta ya había denunciado en 2023 una red de portales y páginas que operaban en su contra, identificando incluso la ruta del dinero que pagaba a Facebook para promocionar noticias falsas y mensajes de odio .
Es menester que la justicia mire con la misma vara este tipo de acciones cuando vienen del oficialismo que cuando ellos suponen vienen de la oposición, porque de lo contrario el selectivismo termina siendo más peligroso que los propios trolls. Repito, el caso es exactamente igual, una cuenta que se dedica a desgastar figuras políticas y que en principio no tiene un nombre definido pero que gasta dinero para incidir en la opinión pública, merece el mismo tratamiento independientemente de a quién beneficie.
Hace exactamente un año eso era considerado intimidación pública por la fiscal Sofía Cornejo Solá, quien impulsó una investigación que llevó a imputar a cinco personas por difundir videos capaces de generar conmoción social y riesgo para las instituciones. Uno de los imputados fue un diputado nacional a quien se acusó de peculado por haber usado fondos del Estado para crear cuentas anónimas, una figura que ahora debería aplicarse con el mismo entusiasmo si se descubre que el dinero municipal financió los recientes ataques.
La pregunta que flota en el aire salteño es si la fiscal mantendrá su teoría del caso cuando los vientos soplan en contra del oficialismo, o si su celo investigador depende del color político del denunciado. Mientras tanto, las cuentas promocionadas siguen su curso, los trolls cobran su sueldo y Bettina Romero vuelve a ser el blanco favorito de una artillería digital que parece inagotable y que nunca deja huellas que incriminen a sus verdaderos beneficiarios .
Lo curioso es que todos sabemos que los grupos de tarea digital existen, que tienen nombre y apellido, que facturan al Estado y que operan con la impunidad del que sabe que el sistema judicial mira para otro lado cuando se trata de proteger a sus amigos. La fiscal Cornejo Solá tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar que su lucha contra la intimidación pública no era una herramienta contra la oposición sino una convicción profunda, aunque los antecedentes invitan más al escepticismo que a la esperanza.
