SALTA – El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta convocó para este viernes a las 16 a una reunión de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial con el objetivo de analizar la situación del concejal Carlos Maximiliano Casasola. El edil de La Libertad Avanza fue denunciado penalmente por su expareja por presuntas lesiones en un contexto de violencia de género.
La convocatoria se definió luego de un pedido realizado durante la última sesión por las concejalas Malvina Gareca (Pulso Colectivo) y Eliana Chuchuy (Por Salta). Ambas reclamaron que el cuerpo legislativo adopte una respuesta institucional ante la gravedad de los hechos denunciados. Durante el encuentro, los integrantes de la comisión evaluarán las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias y analizarán posibles medidas disciplinarias.
Origen de la denuncia
El planteo surge tras la presentación de una denuncia radicada a comienzos de enero, que actualmente se tramita en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N.º 1. Según el acta policial, los hechos denunciados se habrían producido el 20 de diciembre de 2025, luego de una discusión en el domicilio que la pareja compartía en el barrio Castañares. En ese contexto, Casasola habría propinado una patada en las piernas a su entonces pareja.
De acuerdo con la denuncia, ambos mantuvieron una relación de aproximadamente diez años y durante la convivencia se habrían registrado distintos episodios de violencia. Tras el hecho señalado, la mujer decidió abandonar la vivienda y trasladarse a la casa de sus padres por temor a nuevas agresiones.
La situación vuelve a poner al Concejo Deliberante capitalino en el centro del debate por denuncias de violencia de género que involucran a funcionarios públicos. En este contexto, la reunión prevista para este viernes representará el primer paso institucional para determinar si existen elementos que justifiquen la apertura de un proceso formal contra el edil.
Según lo establece el reglamento interno del cuerpo, la comisión puede recomendar desde sanciones administrativas hasta la eventual promoción de un juicio político, decisión que posteriormente debería ser tratada por el pleno del Concejo Deliberante. En paralelo, la causa judicial continúa su curso en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde se aguardan las medidas que disponga la Fiscalía interviniente.
