SALTA.- (Por Renato Ocampo) La reciente embestida mediática y legislativa del diputado provincial Nicolás Arce, de La Libertad Avanza (LLA), contra la Universidad Nacional de Salta (UNSa) no es un hecho aislado, sino otra punta de lanza de un desprecio sistémico de los sectores libertarios hacia la educación pública.
Con una ligereza alarmante, Arce lanzó acusaciones sobre supuestos docentes que dictan clases bajo efectos de estupefacientes en la sede Tartagal, basándose únicamente en versiones de pasillo y admitiendo, sin tapujos, que no cuenta con pruebas formales para respaldar semejante agravio.
La respuesta de la UNSa fue tan necesaria como lapidaria: la institución exigió «seriedad y evidencia», advirtiendo que estas sospechas infundadas no solo dañan a los docentes, sino que golpean el corazón de una comunidad académica que se rige por estándares éticos y mecanismos institucionales claros. ¿Quiénes son estos señores recién aparecidos en la política, para pretender dañar el prestigio de una institución que es orgullo de Salta?
Resulta de una arrogancia supina que personajes sin trayectoria académica ni peso institucional y sin ningún otro mérito considerable, se crean con el derecho de, tan livianamente, atacar a una universidad con décadas de historia, bajo el pretexto de una supuesta «transparencia» que solo esconde una clara intención de destrucción.
En la misma línea de hostilidad, el diputado Eduardo Virgili sostiene con cinismo que la universidad «no es gratuita» porque «alguien la paga», utilizando esta obviedad para justificar el congelamiento de fondos y la estigmatización del gasto educativo. Mientras se llenan la boca hablando de auditorías, omiten deliberadamente que su verdadero objetivo es asfixiar financieramente a las casas de altos estudios.
Esta ofensiva provincial se complementa perfectamente con la crueldad nacional del presidente Javier Milei, quien ha decidido incumplir sistemáticamente la Ley de Financiamiento Universitario, provocando que el presupuesto para educación superior sufra una caída real del 34,3% respecto a 2023.
No se trata de una gestión eficiente, sino de un desfinanciamiento planificado que ha hundido los salarios docentes, forzando a la comunidad académica a un estado de paro permanente y crisis de sostenibilidad.
A este escenario de tierra arrasada se suma el ataque a conquistas sociales históricas como el boleto gratuito. Bajo la excusa de la «mala administración» de Saeta, figuras como el senador Roque Cornejo impulsan la privatización y la fragmentación del beneficio, poniendo en riesgo un derecho que ha sido el pilar de la lucha estudiantil durante años para garantizar el acceso a las aulas.
¿Cómo explican estos funcionarios a los millones de padres y madres que los votaron que ahora su plan atenta contra la educación de sus hijos? La universidad pública es un valor nacional, es un orgullo en cualquier parte del mundo, es la herramienta que cambia el destino de las familias y por ende también el de nuestra nación. Atacar a la universidad es atacar la Patria.
