(SALTA) – (Por Diego Nofal).- El debate jurídico abierto en torno a un posible tercer mandato del gobernador Gustavo Sáenz en las elecciones de 2027 vuelve a poner en jaque la calidad institucional de Salta. La sola insinuación de forzar una interpretación constitucional para perpetuarse en el poder demuestra el apego irrestricto del oficialismo provincial a las viejas prácticas caudillistas que tanto daño causaron.
Resulta sumamente grave que a poco tiempo de haber impulsado una reforma constitucional que supuestamente buscaba limitar las reelecciones indefinidas, ahora se busquen artilugios legales para habilitar una nueva postulación del mandatario actual. Esta maniobra política evidencia que los compromisos asumidos ante la sociedad salteña en materia de alternancia democrática eran apenas una puesta en escena destinada a legitimar un proyecto de poder personal.
La advertencia realizada por diversos constitucionalistas sobre la inevitable intervención de la Corte Suprema de la Nación anticipa un conflicto institucional de enorme magnitud que paralizará nuevamente la agenda política provincial. En lugar de concentrar todos sus esfuerzos en resolver los graves problemas económicos, sanitarios y educativos que atraviesa Salta, el oficialismo elige instalar una discusión centrada exclusivamente en su propia continuidad.
La alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo constituye un principio esencial del sistema republicano que previene la concentración autoritaria y garantiza la renovación necesaria de las ideas y los equipos de gestión. Intentar torcer el espíritu de la Constitución provincial mediante interpretaciones acomodaticias constituye una falta de respeto hacia la voluntad popular y un retroceso intolerable para la madurez cívica de nuestra provincia.
Los precedentes ocurridos en otras provincias argentinas demuestran que los intentos de perpetuación en el poder siempre terminan degradando las instituciones locales y generando crisis políticas de difícil resolución posterior. El gobierno de Gustavo Sáenz debería comprender que el liderazgo democrático se fortalece respetando los límites temporales establecidos por la ley y no buscando resquicios judiciales para extender su permanencia.
Si el oficialismo insiste en avanzar por este camino de ambición desmedida, arrastrará a la provincia de Salta a un escenario de incertidumbre jurídica y descrédito institucional ante todo el país. La sociedad salteña demanda gestores responsables que cumplan su mandato constitucional con eficiencia y transparencia, no dirigentes obsesionados con encontrar mecanismos legales para no abandonar nunca los sillones oficiales.
