SALTA.- (Por Renato Ocampo) La gestión de Emiliano Durand en la ciudad de Salta parece haber convertido la planificación de infraestructura básica en una sucesión de puestas en escena que priorizan el anuncio mediático por sobre la coherencia administrativa. Lo que hoy se presenta como una «ambiciosa apuesta» para la Terminal de Ómnibus de Salta no es más que la confirmación de un rumbo errático que falta a la verdad y elude la responsabilidad estatal sobre un servicio público esencial.
Resulta alarmante la facilidad con la que el municipio cambió de discurso en menos de dos meses. A finales de enero de 2026, se anunciaba con bombos y platillos la creación de una empresa estatal, la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Salta S.A.U., destinada supuestamente a administrar, modernizar y gestionar el predio bajo la órbita pública. Sin embargo, esta estructura parece haber sido solo el preludio administrativo para un nuevo negociado: apenas semanas después, el Ejecutivo Municipal dio un giro de 180 grados al lanzar un concurso de proyectos para entregar la terminal a una concesión privada por un plazo de hasta 25 años.
Esta contradicción no es menor. Se miente a la ciudadanía cuando se promete una gestión estatal eficiente para luego tercerizar absolutamente todo: desde la inversión y el diseño hasta el riesgo y la operación integral. El Estado municipal, bajo la dirección de Durand, ha decidido lavar sus manos de cualquier aporte de fondos, dejando el futuro de la conectividad a merced de la rentabilidad que un privado pueda extraer de tarifas, alquileres y servicios comerciales.
La historia de la terminal en Salta está plagada de promesas incumplidas y proyectos de nuevos edificios y ubicaciones que jamás se continuaron, dejando al actual predio en un estado de abandono que ahora se intenta remediar con un esquema de «Terminal Shopping». Lo que se percibe hoy es una maniobra para generar un negocio a medida, disfrazado de modernización. Las cifras son elocuentes y excluyentes: el pliego de condiciones tiene un costo de $5.000.000 y se exige una garantía de mantenimiento de oferta de $80.000.000. Estos montos millonarios, sumados a la incógnita de la inversión total requerida, que queda a discreción del oferente, levantan serias sospechas sobre la transparencia del proceso.
En un contexto donde la gestión ya ha sido cuestionada por designar a ex concejales y figuras afines en diversos cargos del Ejecutivo, y la reciente adjudicación del sistema de video vigilancia a los amigos del intendente de DECOTEVE, el temor de que esta licitación termine en manos de «amigos» del poder es una duda legítima que atraviesa a toda la administración pública.
La exigencia de completar el 20% de la obra en apenas seis meses refuerza la idea de una puesta en escena electoralista, más preocupada por «mostrar obra» que por garantizar un servicio público accesible y de calidad.
Los plazos se agotan. El 31 de marzo vence el plazo de presentaciones y el 1 de abril al medio dia, se abrirán los sobres en el Centro Cívico Municipal. ¿Convocaran a la prensa para esa apertura? ¿Quién se quedará con la terminal? ¿Qué rol tendrá la empresa estatal creada previamente? ¿Cuál será el destino de los trabajadores actuales?
Estas y muchas preguntas más, son cuestiones que tienden a quedar siempre ocultas. Lo más probable es que el intendente Durand haga un “videíto lindo”, lleno de sonrisas, anunciando a la empresa ganadora y prometiendo obras y mejoras de las que no se hará cargo como gestión, sino que serán delegadas a un privado, con todo lo que eso implica.
