SALTA.- (Por Diego Nofal) La ministra de Educación, Cristina Fiore, transita sus horas más críticas al frente del ministerio con su continuidad en el cargo pendiendo de un hilo muy fino. Los rumores que agitan la política salteña aseguran que desde su entorno habría una mirada favorable hacia la figura de Juan Manuel Urtubey para que retorne a la gobernación.
Esa supuesta simpatía habría llegado hasta los oídos del gobernador Gustavo Sáenz y desde entonces la paciencia oficial con la funcionaria parece haberse agotado de manera casi definitiva.
Pero más allá de las especulaciones políticas que rodean el despacho ministerial existen problemas de fondo que vienen generando malestar en toda la comunidad educativa. Nos acercamos a distintos estamentos docentes y administrativos y recogimos un extenso listado de irregularidades que convierten al ministerio en una suerte de territorio donde la norma se aplica según el humor del día. Lo curioso es que muchas de estas prácticas parecen diseñadas con la creatividad de quien resuelve un acertijo antes que con la seriedad que merece la educación pública.
Primeramente se autorizan designaciones y reasignaciones que ignoran por completo los requisitos básicos que la propia normativa establece como títulos habilitantes o el respeto por la antigüedad. Un docente puede ingresar sin pasar por un concurso público de horas cátedras mientras que otro con los papeles en regla observa desde la vereda cómo se reparten las horas como si fueran monedas de un juego de mesa. La normativa existe pero su cumplimiento parece ser optativo lo que genera una inseguridad jurídica que recorre las escuelas como un fantasma incómodo al que nadie sabe cómo enfrentar.
El apartamiento de personal docente y jerárquico se resuelve con un simple memorándum sin que medie proceso sumarial alguno que garantice la transparencia. Así como se llega por una decisión discrecional también se sale sin explicaciones dejando al afectado con la misma certeza que tendría un actor al que le cambian el libreto en medio de la función.
Paralelamente, el acceso a cargos jerárquicos se otorga esquivando los procedimientos administrativos que el mismo ministerio se encarga de dictar para luego ignorar con una coherencia que roza lo admirable.
Uno de los capítulos más llamativos es el cobro compulsivo de dinero a los estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes voluntarios que nada tienen de voluntariosos. En el ámbito de la educación superior se exigen pagos de entre treinta mil y cincuenta mil pesos para poder cursar el año lectivo con la excusa de que allí está incluido el seguro escolar.
El seguro escolar en realidad una fracción menor al 30% de lo que se cobra lo que implica una diferencia tan abismal que cualquier alumno con una calculadora a mano podría descubrir el truco.
Directivos reciben las transferencias de los estudiantes en sus cuentas bancarias personales una práctica que la ley de contabilidad de la provincia prohíbe de manera expresa.
Si un alumno no paga no puede realizar las prácticas profesionalizantes en las tecnicaturas ni tampoco las prácticas docentes condenándolo a ver estancada su carrera por una exigencia que no figura en ningún programa educativo oficial.
Resulta paradójico que mientras se habla de inclusión educativa se levante un muro económico que muchos deben sortear con las uñas.
La gestión de las líneas de financiamiento que provienen de la Nación muestra una falta total de control que merecería al menos un capítulo aparte. Se designan perfiles docentes que no cumplen los requisitos de los programas nacionales y luego se firman contratos bajo una relación laboral encubierta que obliga al profesional a facturar al ministerio.
Los retrasos en los pagos son tan prolongados que hay docentes contratados en marzo que recién ven sus honorarios en mayo o junio cuando ya casi se termina el contrato de seis meses.
El caso de la Dirección de Educación Superior agrega un toque de ingeniería financiera que combina lo creativo con lo injusto de manera brillante. Allí se utiliza la figura de observación y ayudantía pensada para estudiantes próximos a recibirse como un mecanismo para pagar bonos extra administrativos o nombrar supervisores y cargos jerárquicos.
Lo más curioso es que estos cargos se le sacan a los institutos del interior para pagarle con ese dinero a gente que trabaja en Salta capital una redistribución que ningún manual de administración pública recomendaría.
Detrás de todas estas prácticas asoma una gestión donde la improvisación parece haber ocupado el lugar que debía corresponderle a la planificación. Lo que está en juego no es solo la continuidad de una funcionaria sino la credibilidad de un sistema educativo que necesita normas claras y cumplimiento efectivo antes que ocurrencias administrativas.
Si algo queda claro entre tanto rumor político es que el ministerio de educación merece ser gobernado con más previsibilidad y menos ocurrencias dignas de una obra de teatro improvisado.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
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