SALTA – La inseguridad en Salta volvió a instalarse con fuerza tras una semana atravesada por hechos de extrema violencia: el femicidio seguido de suicidio en barrio San Calixto y el homicidio de un joven en barrio Santa Lucía. Episodios que conmocionan, pero que ya no sorprenden. Porque lejos de ser excepcionales, empiezan a formar parte de una rutina peligrosa en distintos sectores de la ciudad, relacionados con la ausencia del Estado en el diseño de políticas públicas que mitiguen estas situaciones.
Los números explican por qué: Salta registra 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional de 3,8, ubicándose entre las provincias más violentas del país. En el contexto del NOA, la provincia no logra revertir estos indicadores, mientras otras jurisdicciones muestran mejoras relativas. La violencia, lejos de retroceder, se vuelve más compleja y más frecuente en los territorios más vulnerables.
Pero hay un dato que incomoda: la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a la sociedad, pero no ocupa el mismo lugar en la agenda política. Las respuestas suelen ser reactivas, fragmentadas o limitadas a lo policial, sin abordar las causas estructurales. En barrios donde el delito crece, también crece la ausencia: menos Estado, menos oportunidades y más terreno para la violencia. La pregunta ya no es solo qué está pasando, sino por qué la política no logra —o no decide— poner este tema en el centro de la gestión.
Suicidios en Salta: la otra crisis que la política no mira
Mientras la inseguridad gana visibilidad, otra problemática avanza en silencio: los suicidios, especialmente entre jóvenes. En los últimos días, varios casos registrados en un mismo fin de semana volvieron a encender las alarmas. No solo por la cantidad, sino por el patrón que se repite: jóvenes de barrios periféricos, atravesados por la vulnerabilidad y la falta de contención.
En términos estructurales, la situación también es grave. Salta se mantiene entre las provincias con tasas elevadas de suicidio, en una región —el NOA— donde los indicadores ya superan el promedio nacional. En algunos períodos, la provincia incluso llegó a duplicar esa media. No es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más visible y más concentrado en sectores donde el Estado tiene menor presencia efectiva.
Y acá aparece nuevamente la dimensión política: la salud mental, la inclusión juvenil y la contención social siguen siendo temas secundarios en la agenda pública. No hay políticas sostenidas en el territorio, ni infraestructura social suficiente, ni dispositivos accesibles que acompañen a estos jóvenes antes de que la situación sea irreversible. La repetición de casos en los mismos barrios no es casualidad: es el resultado de una ausencia prolongada. La política, que suele reaccionar ante la urgencia, sigue sin construir respuestas a tiempo para evitar que estas historias se repitan.
