(SALTA).-( Por Diego Nofal)- Ayer hablábamos en esta columna sobre el preocupante vacío de control que caracteriza a la Cámara de Diputados de Salta. Lo hicimos justamente en el marco del nuevo pedido de endeudamiento del gobierno provincial por 150 millones de dólares. Mencionamos cómo la diputada Griselda Galleguillos, del departamento Rosario de Lerma, esquivaba las preguntas de los periodistas, sin poder justificar por qué el oficialismo no cuestionaba las cifras del Ministerio de Economía. Hoy, la respuesta a ese silencio es más clara y más condenable que nunca.
Con la reciente divulgación de los datos del ministro Dib Ashur, entendemos por qué ningún legislador oficialista alzó la voz. Sabían que, con un crédito anterior de 350 millones de dólares, Salta ya pagó 388 millones y aún debe 150 millones adicionales. Es decir, un incremento del 50% solo en intereses. Pero la pregunta que ningún diputado respondió en el recinto fue: ¿en qué se invirtió ese dinero que ya costó y costará tan caro? La falta de respuesta oficial es ensordecedora.
A pesar de este oscuro antecedente, la Legislatura provincial aprobó sobre tablas un nuevo endeudamiento de 150 millones de dólares. Adivine, querido lector, qué es lo que no sabemos: no sabemos la tasa de interés, no sabemos el plazo de pago, pero sí sabemos que servirá para pagar más deudas. Este nuevo crédito, tomado casualmente a pocos meses de iniciar la campaña electoral por la reelección del gobernador, huele a financiamiento político con dinero futuro.
Esta secuencia de hechos demuestra un patrón de conducta irresponsable donde los diputados y senadores han abdicado de su función principal: la de controlar al Ejecutivo. Aprobar un crédito sin saber el destino del anterior no es un error técnico; es un acto de negligencia política grave. Es entregar las llaves de la caja fiscal a un gobierno que no rinde cuentas, utilizando la necesidad como excusa para perpetuar un ciclo de sobreendeudamiento del que será muy difícil salir.
Es cierto que la Nación ha reducido sus aportes, pero eso no justifica que la provincia caiga en una espiral usuraria. Al contrario, es en tiempos de vacas flacas cuando el control legislativo debe ser más riguroso para evitar que los intereses de unos pocos terminen ahogando a la mayoría. La deuda no es mala en sí misma, pero la deuda sin control, sin transparencia y sin un destino claro es un veneno que corroe las instituciones.
El silencio de los diputados, su falta de curiosidad por las cifras y su rapidez para aprobar nuevos endeudamientos nos indican que han dejado de representar al pueblo para servir a los intereses del oficialismo de turno. No hay excusa técnica que valga: legislador que no controla al que gasta, es cómplice del despilfarro y de la usura. Es hora de que la ciudadanía les exija cuentas claras, no solo por el dinero que piden, sino por el dinero que ya tomaron y no saben explicar.
No podemos permitir que se normalice que la provincia pague intereses de usurero mientras los representantes miran hacia otro lado. La aprobación de este nuevo crédito sin un debate profundo y sin conocer el costo real es un acto de irresponsabilidad mayúscula. Salta necesita diputados que pregunten, que duden, que exijan, y no una asamblea que se limite a rubricar las decisiones de un Ejecutivo que navega a ciegas hacia el abismo financiero.
