SALTA – Una fiesta privada en la Quebrada de las Conchas, en la localidad de Cafayate, está bajo investigación por haberse realizado en una zona protegida. La celebración fue por un casamiento que incluyó de todo: decenas de invitados, equipos de sonido a todo volumen, servicio de mesas y sillas, y más. La viralización del evento causó polémica no sólo por no respetar el medio ambiente, sino por la cadena de irresponsabilidades que generó que una boda de ese calibre se haya podido llevar a cabo en el predio. El montaje eléctrico, el traslado de equipos, el ingreso de proveedores, catering, circulación de vehículos y presencia de personal es algo que se ve a primera vista, sin contar los movimientos de los asistentes. Por eso, el hecho adquiere calibre político, ya que no sólo están en la mira la Municipalidad de Cafayate, sino también una concejal saencista.
El área natural protegida está ubicada sobre la Ruta Nacional 68, a unos 17 km de Cafayate. Al incrementarse la polémica debido a la difusión de las imágenes y videos en redes sociales, una mujer se presentó como propietaria del lugar, en donde defendió el casamiento y aseguró que contaban con los permisos necesarios para realizarlo.
Incluso, la concejal cafayateña Romina Mamani respaldó públicamente el evento y aseguró que contaba con permisos, estudios de impacto ambiental y que se trataba de un terreno privado de la familia organizadora. Según ella, el lugar forma parte de la familia Soriano, quienes serían sus dueños desde hace más de 60 años.
Documentación falsa
Sin embargo, todo cambió con el pasar de las horas. El Ministerio de Producción y Minería de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, determinó que la autorización era falsa y declaró, según trascendió, que circuló «un documento apócrifo vinculado a la supuesta autorización de un evento privado en la reserva natural, constatándose que dicho instrumento no fue emitido por el organismo competente”.
En consecuencia, se efectuó la denuncia correspondiente en la Fiscalía Penal de Cafayate por presunta falsificación de instrumento público, además de activarse los procedimientos administrativos por una supuesta violación a la Ley Nº7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas.
De esta forma, quedan pendientes las siguientes preguntas: ¿cómo no se vio un evento de esa magnitud? Y si lo vio, ¿por qué no actuó? ¿cómo pudo montarse sin, presuntamente, ser detectado? La Justicia deberá investigar si hay responsabilidad no sólo del Estado municipal, sino también provincial.
