SALTA.- (Por Diego Nofal) La reciente boda en la Quebrada de las Conchas, ese sitio emblemático cuya protección juraron generaciones enteras, nos dejó una postal absurda que rápidamente se viralizó gracias a una influencer invitada. Pero lo que podría haber sido apenas un caso de una fiesta en un área protegida con permisos truchos se transformó en una muestra de cómo las autoridades prefieren resguardar un apellido antes que aplicar la ley. En las redes sociales ese apellido circula con insistencia: si se atiende a los comentarios que proliferan en plataformas digitales, Pocoví —el padre del hijo menor de Zulema Menem— sería el nombre vinculado al evento, con señalamientos que apuntarían a su hija como responsable. Las autoridades, sin embargo, actúan como si confirmar o desmentir eso fuera más comprometedor que sancionar la fiesta ilegal.
Como ocurre siempre en estos casos, si la prensa no descubre los chanchullos, nadie sale a dar explicaciones. Recién cuando las imágenes estallaron, tanto la Municipalidad de Cafayate como la Secretaría de Ambiente de la provincia tuvieron que saltar al ruedo para aclarar que los permisos exhibidos eran falsos. La Secretaría de Ambiente dijo con claridad que no existía ningún permiso oficial, mientras que la Municipalidad de Cafayate se limitó a reconocer que hubo varias consultas sobre el evento, aunque sin brindar más detalles sustanciosos sobre las respuestas que ofrecieron en aquel entonces. La dueña del lugar, o al menos quien figura en el catastro como propietaria, señaló que los guardaparques estaban de acuerdo y sabían de la realización del evento, lo que añadió más capas de confusión a un asunto que ya olía a tomadura de pelo colectiva.
Lo más increíble de toda esta historia es que tanto la Secretaría de Ambiente como la Municipalidad de Cafayate, la dueña del terreno y los guardaparques provinciales y nacionales conocen perfectamente la identidad de quienes decidieron mancillar el territorio provincial. Tienen los datos en la mano, como si fueran dueños de un secreto a voces, pero ninguno parece dispuesto a dar el paso lógico de pasar esa información al expediente judicial correspondiente. Uno esperaría que al menos por inercia burocrática se filtrara algún dato, pero no: aquí todos se cuidan las espaldas mutuamente con una solidaridad que sería admirable si no fuera tan sospechosa. Y esa solidaridad, a juzgar por el rumor público, tendría un apellido concreto —Pocoví, según se comenta— aunque en los despachos oficiales nadie se anime a pronunciarlo siquiera en condicional.
La gran coincidencia que merece un aplauso irónico es que los guardaparques que responden al gobierno nacional, la Secretaría de Ambiente que responde al gobierno provincial y la Municipalidad de Cafayate se han cuidado celosamente de dar los nombres de las personas que organizaron el evento. Parece que hubo una reunión secreta para definir la estrategia del mutismo, porque ninguno de ellos quiere contarle al pueblo salteño quiénes fueron los que decidieron pasar por encima de la normativa vigente y realizar una fiesta en un área protegida. Si los rumores de redes fueran ciertos, esa reserva estaría protegiendo precisamente al apellido Pocoví, blindando a quienes ostentan cierto poder o influencia. La defensa del patrimonio, al parecer, admite excepciones cuando se trata de no incomodar a esos nombres, y ese doble estándar es el que termina destruyendo lo que tanto decimos valorar.
Ni la Secretaría de Ambiente ni la Municipalidad de Cafayate, y menos todavía Parques Nacionales y Provinciales, han iniciado acciones concretas para establecer multas o para conocer si existe la comisión de algún delito ambiental. Todos están esperando que el tema se disipe con el paso de los días, confiando en que la viralidad de las fotos será reemplazada por otra polémica más jugosa en las redes sociales. Mientras tanto, nadie, absolutamente nadie, quiere ni sancionar ni hacer públicos los nombres de las personas que decidieron pasar por encima de todas nuestras leyes provinciales, leyes nacionales y, sobre todo, del sentimiento salteño de proteger la tierra para las generaciones venideras. Si el apellido Pocoví es efectivamente el que circula en los pasillos, entonces el hermetismo adquiere una dimensión aún más preocupante.
Resulta patético que los mismos funcionarios que juraron velar por nuestra Quebrada se conviertan ahora en escudos humanos para resguardar el prestigio de unos pocos. Parece que hay más vocación por proteger un nombre —que, de confirmarse los comentarios en redes, sería el de la familia Pocoví— que por aplicar la ley con la firmeza que reclama un patrimonio que es de todos y no de un grupito con contactos. Si la excusa es que fueron “consultas informales” o que “los guardaparques estaban al tanto”, entonces estaríamos ante una complicidad consentida que merecería tanto o más repudio que la fiesta misma.
Llega el momento de que los salteños dejemos de ser meros espectadores de estos actos de impunidad encubierta y exijamos respuestas concretas. Porque si no hay multas ni nombres, si todo queda en un simple comunicado de prensa, entonces el mensaje es claro: en Salta, el patrimonio se protege solo cuando no hay invitados famosos de por medio. Y si los rumores sobre el apellido Pocoví terminaran siendo ciertos, quedaría en evidencia que la ley se suspende cada vez que un apellido con influencia se cruza en el camino.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
X @turconofal.
