SALTA – El Gobierno de Salta puso en marcha un esquema de austeridad por 180 días en respuesta a la merma de recursos coparticipables, en un contexto económico nacional que impacta de lleno en las finanzas provinciales. La medida, oficializada por decreto del gobernador Gustavo Sáenz, apunta a contener el gasto y garantizar el funcionamiento del Estado en un escenario de ingresos en baja.
Entre los puntos centrales se destaca el congelamiento de los salarios de funcionarios, incluyendo al propio mandatario, ministros y autoridades de organismos descentralizados. A esto se suma la suspensión de nuevas contrataciones y una reducción del gasto administrativo, en una señal política que busca mostrar un ajuste concentrado en la estructura del Ejecutivo.
El decreto también fija límites en distintos aspectos del funcionamiento estatal. Se restringen los viajes oficiales, se eliminan gastos de protocolo y se refuerzan los controles sobre el uso de vehículos y combustible. Además, se dispuso la revisión de contratos, especialmente aquellos en moneda extranjera, con el objetivo de reducir costos en el corto plazo.
Desde el Ejecutivo argumentan que la caída de la coparticipación está vinculada a la baja del consumo y la recaudación nacional, lo que repercute en los fondos que llegan a las provincias. En ese marco, sostienen que el esfuerzo debe enfocarse en la política y no en los sectores más vulnerables.
La medida invita a otros poderes del Estado a adherir a políticas similares. El desafío será sostener servicios esenciales mientras se avanza en un proceso de ordenamiento fiscal.
