SALTA (Por Renato Ocampo).- En los pasillos de la Legislatura de Salta, el nombre de Javier Wayar ha dejado de ser sinónimo de gestión municipal de La Merced para convertirse en un caso de estudio sobre la resistencia, acaso heroica, si no fuera trágica, a los controles republicanos.
La situación en La Merced no es un evento fortuito, sino el resultado de un «proceso sostenido de deterioro de la gestión pública», según describe con elegante resignación el Concejo Deliberante de La Merced. Mientras el Intendente Wayar vetaba sistemáticamente los pedidos de juicio político en 2021, 2022, 2023 y 2025, la realidad extramuros seguía su curso indomable.
Es notable la destreza administrativa para lograr que la Auditoría General de la Provincia no cuente con dictámenes aprobados desde el año 2020, salvo por la conveniente excepción de la emergencia por Covid-19. Al parecer, la transparencia es una «problemática estructural» que la intendencia ha decidido no abordar, delegando esa tarea a la posteridad o, en su defecto, a la justicia penal.
Wayar, un prontuario en lugar de currículum
Para los amantes del derecho penal, la gestión Wayar ofrece un menú de alta alcurnia. El expediente JUI N° 176425/25 lo sitúa como protagonista de una trama que incluye incumplimiento de deberes, peculado y administración fraudulenta. La causa, ya elevada a juicio, espera fecha de debate oral.
La documentación del Concejo sistematiza el descontento social en una serie de expedientes que parecen describir una localidad en estado de abandono, más que un municipio en funciones. Entre los antecedentes que fundamentan la intervención se destacan: Aislamiento en el Barrio La Constancia doonde se documenta la falta de mantenimiento vial y la ausencia total de servicios básicos.
Gestión de Tierras y Loteos que detallan carencias en loteos sociales municipales y el incumplimiento de normativas de subdivisión y adjudicación. El escándalo de los Vertederos donde existe constancia de la creación de «vertederos clandestinos» en predios municipales (vivero municipal en 2022 y San Agustín en 2024), hechos que ya forman parte de la causa judicial por administración fraudulenta.
Finalmente, un proyecto presentado por la ciudadana Mary Luz Venavidez, que resume el sentir de los vecinos ante la falta de políticas públicas efectivas y solicita formalmente la intervención de la Cámara de Diputados.
El detonante de la conmoción
Sin embargo, la política de la inacción encontró su límite ético. La profunda conmoción causada por el trágico fallecimiento del menor Tomás Alancay ha sido el catalizador que desnudó la alteración de la paz social. Ya no se trata solo de auditorías esquivas o de una «debilitada gestión administrativa«, sino de un escenario de gravedad institucional que compromete el orden básico de la legalidad.
El turno de la Cámara de Diputados
El informe remitido por el Presidente del Concejo Deliberante, Enrique Torres, al titular de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, es una rendición de cuentas de lo imposible. Ante la imposibilidad material de avanzar con un juicio político, el cuerpo legislativo local ha capitulado en favor de la intervención provincial.
El proyecto de ley, firmado por los diputados De la Zerda y Albeza, y el senador Caro Dávalos, propone la cesación inmediata en el cargo del Intendente y la designación de un Comisionado Interventor hasta diciembre de 2027.
Para los funcionarios que lean estas líneas, La Merced queda como recordatorio: el poder de veto es una herramienta poderosa, pero tiene el curioso defecto de no poder detener el tiempo, ni las causas penales, ni el avance de un expediente de intervención que ya descansa sobre los escritorios de la calle Mitre. La elegancia de la caída de Wayar solo es superada por la contundencia de las pruebas acumuladas en su contra.
