SALTA (Por Renato Ocampo).- En un despliegue de gimnasia parlamentaria digno de las mejores tradiciones del oscurantismo político, la gestión de Emiliano Durand ha decidido que la transparencia en la Municipalidad de Salta no es un derecho, sino un artículo de lujo que solo se entrega si se «milita» adecuadamente.
Bajo el ala protectora del oficialismo, el Concejo Deliberante se transformó el pasado miércoles en un suntuoso mausoleo donde fueron enterrados, sin honores ni argumentos técnicos sólidos, dos proyectos que osaban incomodar el flujo discrecional de recursos públicos.
La escena fue magistralmente orquestada. Con una elegancia que raya en el cinismo, el oficialismo municipal, secundado por socios de ocasión, rechazó la creación de un Régimen de Transparencia Tributaria y, lo que es aún más sensible para la caja del Ejecutivo, un pedido de informes sobre el reparto de la pauta publicitaria.
Resulta fascinante observar cómo, para los alfiles de Durand, la claridad en las cuentas públicas es tratada como una excentricidad de la oposición y no como un pilar democrático.
La Pauta de Durand: Ese secreto de Estado
La negativa a informar sobre el gasto en publicidad —el área más porosa de cualquier gestión— no solo es un síntoma de debilidad institucional, sino una admisión tácita de que hay algo que ocultar. La concejal Laura Jorge (LLA) no anduvo con rodeos al señalar la desesperación oficialista por mantener el grifo cerrado a la mirada pública: “La verdad, no dejar que se sepa quiénes son los medios, qué cantidad de dinero reciben, es porque algo ocultan”. Según su visión, el recinto es testigo de un «destrato» sistemático y de “todas las chanchadas que hacen acá en el Concejo Deliberante”.
El Manual de Estilo de Darío Madile
Mención aparte merece la intervención de Darío Madile, quien bajó del estrado para impartir una lección de «militancia» legislativa que debería estudiarse en las escuelas de administración pública —o quizá en las de teatro—. Con una condescendencia envidiable, Madile despachó el reclamo de transparencia como si fuera un berrinche infantil: “Esto no es para ponerse a llorar porque no sale un proyecto de ordenanza”, disparó, para luego sentenciar que “un proyecto de ordenanza se milita. No se hace un proyecto, se escribe a través de inteligencia artificial y en base a eso se hace un videíto y ya está”.
Para el presidente del cuerpo, la factibilidad de una norma no reside en su beneficio para el ciudadano, sino en la capacidad de «seducir» a una mayoría que parece tener la voluntad ya comprometida. Su argumento es de una sencillez demoledora: “Si no sale, es porque la mayoría de los vecinos eligieron un sector político que no está de acuerdo con eso, y sea por el motivo que sea”. Una interpretación del mandato popular que, convenientemente, confunde el triunfo electoral con un cheque en blanco para la opacidad.
La judicialización como Último Recurso
Mientras el concejal Gonzalo Nieva se refugiaba en supuestas «serias deficiencias técnicas» para archivar la transparencia tributaria —aunque, en un rapto de lucidez, admitió que acompañaría el informe sobre publicidad porque «hace a la transparencia de manera efectiva»—, la autora de los proyectos, Florencia León, ya prepara el terreno de los tribunales. Ante la negativa sistemática de un oficialismo que prefiere «mandar la transparencia al archivo», León anticipó que judicializará el pedido de informes sobre el gasto municipal en publicidad.
Esta metodología es de largo peregrinar. El propio Gonzalo Guzman Coraita, hoy actual senador nacional por LLA, sabe de primera mano cómo es el proceso por haberlo hecho anteriormente en más de una oportunidad. Y aunque lleva su tiempo, eventualmente la justicia podría ordenar la entrega de la documentación que intentan ocultar.
En definitiva, la gestión de Emiliano Durand ha dejado claro que su concepto de «transparencia activa» consiste en publicar solo lo que les favorece y esconder bajo la alfombra de las comisiones aquello que explique cómo y en quiénes se gasta el dinero de los salteños. Mientras tanto, los funcionarios públicos pueden dormir tranquilos: en este Concejo, la luz del sol sigue siendo el enemigo a batir.
