SALTA.- (Por Renato Ocampo) El Concejo Deliberante de Salta ya no disimula: dejó de ser un ámbito de producción normativa para degradarse en una escribanía de pedidos al Ejecutivo. La sesión de hoy confirma una práctica sistemática: concejales que renuncian a legislar para limitarse a redactar notas de “vería con agrado”, un formato inocuo que garantiza la inacción y consolida un esquema de subordinación política al intendente Emiliano Durand. No hay control, no hay agenda propia, no hay conflicto institucional. Hay comodidad.
La nómina es extensa y el patrón se repite sin fisuras. José García Alcázar, Malvina Gareca, Carlos Casasola, Laura Saravia, María León, Érica Castro, José Arias, Gustavo Farquharson y Jesús Battaglia Leiva ocupan su tiempo en pedidos de bacheo, arreglos de calzada o intervenciones menores que el municipio debería ejecutar de oficio. Víctor Lamberto se suma con nivelaciones y enripiados, mientras Gareca insiste con veredas puntuales. No hay planificación, no hay políticas públicas, no hay visión urbana: hay microgestión impropia de un cuerpo legislativo.
El problema no es el detalle, es la renuncia. Inés Bennassar, Ángel Ortiz y el resto de los ediles firman resoluciones genéricas de “obras varias”, un eufemismo que encubre la falta absoluta de iniciativas de impacto real. La rutina es siempre la misma: poda, luminarias, ruidos molestos, relevamientos menores. Temas que, aun siendo válidos, evidencian un Concejo reducido a gestoría de reclamos, incapaz de discutir transporte, desarrollo urbano o seguridad con herramientas normativas concretas.
El cuadro se agrava cuando incluso las demandas vecinales son tercerizadas: Raúl Chávez debe pedir por sí mismo la erradicación de microbasurales, mientras los concejales se limitan a acompañar desde el papel. La seguridad, uno de los principales reclamos sociales, queda licuada en declaraciones sin efectos prácticos. Y cuando aparece alguna señal política, como el repudio impulsado por García Alcázar, el contraste es brutal: se legisla sobre lo simbólico mientras lo estructural se evita.
Este Concejo no es ineficaz por error: es funcional. Funcional a un Ejecutivo sin control, funcional a la ausencia de debate y funcional a la perpetuación de una política sin costos. Al final de la jornada, los expedientes que no incomodan se archivan y los que podrían abrir discusión ni siquiera aparecen.
La pregunta ya no es qué hacen, sino cuánto cuesta sostenerlos. Porque detrás de cada resolución vacía hay una estructura financiada por los salteños que no devuelve resultados. Y en esa ecuación, lo que sobra no es trabajo: es simulación.
