SALTA – En la provincia, el peronismo dejó de operar como identidad doctrinaria para convertirse en un activo estratégico en disputa. Bajo esa lógica, los justicialistas de Sáenz decidieron escalar el conflicto interno y llevar a la Justicia el proceso de normalización del Partido Justicialista (PJ) de Salta intervenido, hoy bajo la órbita de Pablo Kosiner y alineado con Cristina Fernández de Kirchner.
El eje formal de la controversia es el cronograma que extiende la regularización partidaria hasta octubre de 2026. En el oficialismo provincial interpretan esa hoja de ruta como una maniobra para sostener el control político desde la conducción nacional. En ese marco, Esteban Amat avanzó con una presentación judicial que apunta a la falta de definiciones concretas: sin plazos precisos, argumenta, no hay normalización efectiva. Detrás de la discusión técnica subyace una disputa central: quién administrará el sello del PJ de cara al próximo turno electoral.
El conflicto adquiere mayor densidad al observar el escenario regional. En Jujuy, el juez federal Esteban Hansen dejó sin efecto la intervención partidaria y designó como interventor a Ricardo Villada, dirigente con vínculos históricos con el esquema político de Gustavo Sáenz. La resolución fue leída en clave política, como un antecedente que podría proyectarse más allá de esa provincia.
A esto se suma la articulación con Carolina Moisés, cuya distancia del kirchnerismo converge con la estrategia del saencismo: construir un peronismo del norte con mayor autonomía de la conducción nacional y diálogo con el oficialismo nacional.
La paradoja es evidente. Sáenz toma distancia discursiva del kirchnerismo, pero necesita del PJ como estructura territorial, plataforma electoral y fuente de legitimidad. En ese equilibrio inestable, la judicialización aparece como herramienta para redefinir el control partidario. Más que un conflicto administrativo, se trata de una disputa por poder real.
