SALTA – El paso del tiempo en política suele tener la extraña manía de convertir derechos adquiridos en meras sugerencias que ciertos señores con saco y corbata deciden ignorar cuando les conviene. Corría el 3 de septiembre del año 2014 cuando el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey estampó su firma en el histórico decreto número 2574. Aquel acto administrativo establecía con toda claridad la gratuidad del boleto para estudiantes primarios y secundarios así como para terciarios universitarios y los siempre respetables jubilados.
Entre las consideraciones de aquel viejo decreto se establecía algo que debería ser una obviedad en cualquier sociedad que aspire a ser mínimamente civilizada y funcional. El texto afirmaba que era menester para el Estado asegurar mediante el boleto gratuito el derecho a desplazarse para los adultos mayores y el derecho a educarse para los más jóvenes. Parecía un avance firme e irreversible un verdadero piso de justicia social que nadie en su sano juicio se atrevería a tocar sin provocar un escándalo de proporciones bíblicas. Sin embargo acá estamos.
Luego, en el año 2017, la Ley 8030 vino a inscribir con todas las de la ley y valga la redundancia esa misma gratuidad en los digestos legislativos vernáculos de esta provincia. Así se blindaba el beneficio que Urtubey había otorgado por decreto tres años antes dotándolo de una fuerza legal todavía mayor. Ambas normas establecían como órgano de aplicación a la Autoridad Metropolitana de Transporte una entidad cuya existencia misma me niego a dejar de cuestionar hasta el fin de mis días. Pero ese no es el tema que hoy nos trae a escribir estas líneas sino otro mucho más grave y preocupante.
Hoy bajo el mandato del actual gobernador Gustavo Sáenz y transcurrida ya una década desde aquel hito fundacional el panorama es desolador. Una unión extorsiva de empresas que funcionan bajo el pomposo y publicitado nombre de Saeta ha decidido limitar el acceso al boleto gratuito e inclusive amenaza con sacarlo en varios niveles. Lo sorprendente y casi humorístico si no fuera indignante es que Saeta no fue votada por nadie y mucho menos tiene potestades legales para pasar por encima de nuestras leyes provinciales. ¿Quién se creen que son estos empresarios prebendarios los dueños del asfalto y del destino de los salteños?
Yo me pregunto con genuina curiosidad periodística si no hay nadie en el gobierno ni en la justicia para explicarles a estos señores una verdad tan simple como la de dos más dos son cuatro. ¿Acaso no hay un solo funcionario con el coraje suficiente para decirles muchachos la ley es para todos también para ustedes que cobran fortunas en subsidios? Es una incógnita que desvela la pregunta central de esta nota editorial qué tipo de gobernador es Gustavo Sáenz si resulta incapaz de ponerle un freno a seis empresarios del volante. La debilidad ejecutiva empieza a parecer un chiste mal contado pero sin remate gracioso.
La situación recuerda peligrosamente a otros episodios donde la voracidad privada avasalló el interés público sin que nadie moviera un dedo para detener el desastre. Un caso emblemático fue el desastre ambiental de Los Pozos de Olmedo donde fluidos y gases contaminantes dejaron un páramo irrespirable ante la mirada impávida de las autoridades. Hoy vemos la misma lógica perversa aplicada al transporte público no puede ser que una empresa sea de colectivos minera o petrolera y pueda venir a la provincia a decidir incumplir leyes a su antojo. La pregunta retumba en cada parada de colectivo y en cada pasillo de la Casa de Gobierno.
Claramente vemos un gobierno debilitado y rodeado de un montón de gente que aprovecha esa debilidad para hacer su santa voluntad sin rendir cuentas a nadie. Es un espectáculo donde algunos funcionarios de segunda y tercera línea parecen más preocupados por no molestar al poder corporativo que por defender el derecho a la educación. ¿Quién gobierna Salta entonces los empresarios las mineras los dueños de los colectivos o quizás las agendas ocultas de los lobbies? La respuesta de la gestión actual parece ser un incómodo y prolongado silencio de radio que ya lleva demasiado tiempo.
No puede ser que diez años después de conquistado el boleto gratuito volvamos a discutir lo que ya estaba saldado y garantizado por la letra fría de una ley provincial. Resulta casi surrealista que sean los dueños de los colectivos quienes nos digan cuándo y cómo podemos ejercer nuestros derechos más elementales. Salta necesita con urgencia que alguien tome las riendas y recuerde que aquí las leyes las dicta el pueblo a través de sus representantes y no un directorio empresario. Mientras tanto seguimos esperando ver si algún juez se digna a actuar de oficio para evitar que nos quiten lo que ya era nuestro.
