(Salta) Por Diego Nofal.- La presentación de un proyecto para convertir a las Islas Malvinas en un símbolo patrio genera un eco monumental en el discurso oficial, aunque su andamiaje jurídico parece construido sobre la base de una nobleza que no todos los actores políticos están dispuestos a suscribir con su puño y letra.
Mientras el texto legal detalla con precisión milimétrica la ubicación del mapa y la inscripción obligatoria en cada dependencia estatal, la realidad política local ofrece un contraste desolador que merece ser analizado con lupa y sin concesiones, especialmente cuando se observa la conducta de los diputados de Salta en el Congreso.
La pregunta que surge espontánea es por qué una causa que debería unir voluntades encuentra en la delegación salteña un ejemplo perfecto de esa indiferencia calculada que tanto daño hace a la memoria colectiva y a la soberanía territorial.
La letra del artículo segundo invoca ciento noventa y tres años de reclamo ininterrumpido, aunque en los pasillos del Congreso ese tiempo parece no ser suficiente para mover la pluma de varios representantes del pueblo que prefieren el silencio cómplice antes que el gesto patriótico.
El proyecto acumula más de un centenar de firmas entre los doscientos cincuenta y siete diputados nacionales, lo que estadísticamente representa un respaldo mayoritario que contrasta fuertemente con la magra participación de la provincia de Salta en este acto de reivindicación histórica.
De los siete diputados que representan los intereses salteños en la Cámara baja, apenas uno solo decidió estampar su rúbrica en el documento que busca honrar a los caídos y reafirmar la soberanía nacional sobre el archipiélago del Atlántico Sur.
Este dato frío, casi contable, se transforma en un termómetro político que mide la temperatura del compromiso real con una bandera que debería ser mucho más que un simple adorno discursivo en épocas de campaña electoral.
Los ciudadanos de esta provincia tienen derecho a preguntarse si la ausencia de los otros seis nombres se debe a un olvido involuntario, a una estrategia política calculada o a una simple desidia que duele tanto como la indiferencia misma frente a los héroes de Malvinas.
La representación proporcional se convierte así en una parodia de la unidad nacional cuando los números evidencian que la causa Malvinas ocupa un lugar secundario en la agenda de quienes fueron elegidos para defender la integridad territorial desde el parlamento argentino.
Resulta particularmente llamativo y hasta sarcástico observar cómo el espacio político de La Libertad Avanza, que hoy tiene cuatro representantes en la Cámara por Salta, parece haber despertado tardíamente a esta cuestión que durante años fue sistemáticamente ignorada por sus referentes más conspicuos a nivel nacional.
La épica mundialista, con los jugadores de la selección alzando una bandera gigante en el célebre estadio de Lusail, obró el milagro de transformar un reclamo histórico en un trending topic mediático que obligó a muchos a subirse al tren del patriotismo express.
Sin embargo, la firma de un proyecto de ley no requiere de flashes ni de estadios repletos, solo exige la convicción mínima de creer que los derechos argentinos sobre las islas merecen ser declarados símbolo patrio con toda la fuerza de una ley nacional.
Los diputados salteños de ese espacio, en su gran mayoría, prefirieron mantener la pluma guardada y el perfil bajo, demostrando que su fervor patriótico parece tener un límite claro cuando se trata de trasladar el sentimiento a un papel con membrete oficial y validez jurídica.
La transversalidad de la indiferencia se vuelve aún más evidente cuando se observa el comportamiento de otros sectores políticos que suelen mostrarse más afines a las causas históricas y a la defensa de la soberanía nacional en sus discursos públicos cotidianos.
Los diputados Pablo Outes y Yolanda Vega, que habitualmente acompañan las iniciativas del gobernador de la provincia en el recinto, también brillan por su ausencia en el listado de firmantes de este proyecto que busca inmortalizar a las Malvinas como un quinto símbolo patrio junto al escudo y las banderas.
Esta coincidencia en la omisión sugiere que el desinterés por la causa no entiende de colores políticos ni de lealtades partidarias, sino que se trata de una patología generalizada que atraviesa todo el arco legislativo provincial sin distinción de credos ni de alianzas electorales.
El gobernador Gustavo Sáenz, quien suele enarbolar la bandera del federalismo y la defensa de los intereses salteños, verá con preocupación cómo sus diputados aliados decidieron no acompañar un gesto que costaba tan solo un instante de su tiempo y un poco de tinta sobre el papel.
La paradoja más sarcástica de esta situación radica en que el propio proyecto, en su artículo cuarto, exige la exhibición obligatoria del mapa en todos los establecimientos educativos y dependencias oficiales, aunque quienes deberían predicar con el ejemplo han demostrado que la obligatoriedad no siempre se traduce en convicción verdadera.
Los docentes y alumnos de las escuelas salteñas quizás se pregunten por qué deben izar una bandera que sus propios representantes no se animaron a defender con su firma en el Congreso de la Nación Argentina.
La educación patriótica se vuelve un ejercicio hipócrita cuando quienes dictan las normas desde la capital federal no están dispuestos a asumir el costo político mínimo de adherir a una declaración que no implica más que un gesto simbólico de reparación histórica para los caídos.
El ejemplo de los seis diputados ausentes se convierte en una lección involuntaria sobre las prioridades reales de la clase política, donde la causa Malvinas ocupa un lugar relegado detrás de los intereses sectoriales y las mezquinas calculadoras electorales de corto plazo.
La memoria de los seiscientos cuarenta y nueve argentinos fallecidos en combate merece algo más que el silencio cómplice de quienes prefieren no mojarse en un asunto que consideran menor o políticamente incómodo para su imagen pública.
La declaración como símbolo nacional no implica un desembolso económico ni una modificación estructural del Estado, sino un acto de reconocimiento que debería ser tan natural como izar la bandera celeste y blanca cada mañana en las escuelas de todo el territorio.
Los diputados salteños que no firmaron el proyecto deberían explicar a sus votantes por qué la reivindicación de la soberanía territorial no mereció ni siquiera el gesto mínimo de su rúbrica en un documento que cuenta con el respaldo de más de cien colegas de otras provincias argentinas.
El silencio de estos representantes resuena con más fuerza que cualquier discurso vacío pronunciado en el recinto durante las sesiones ordinarias del parlamento nacional.
La oportunidad de convertir a las Islas Malvinas en un símbolo patrio, equiparándolas al escudo y a la bandera nacional, representa un acto de justicia poética que trasciende las mezquindades partidarias y debería convocar a todas las fuerzas políticas sin distinción de origen.
Sin embargo, la realidad demuestra que la causa Malvinas sigue siendo un comodín mediático que se utiliza según la conveniencia del momento y no una política de Estado que merezca el esfuerzo de una firma permanente.
Los diputados nacionales de Salta tienen la oportunidad de rectificar su posición y sumarse a una iniciativa que difícilmente vuelva a presentarse con la misma fuerza política y el mismo respaldo numérico que hoy ostenta en la Cámara baja del Congreso.
El tiempo corre y la historia juzgará con dureza a quienes prefirieron la comodidad del silencio antes que la valentía de estampar su nombre junto a la causa de la soberanía nacional y el homenaje a los héroes de Malvinas.
La ausencia de firmas en un proyecto tan simbólico no es un detalle menor, sino un síntoma preocupante de que el patriotismo, para algunos, sigue siendo un traje que solo se visten cuando hay flashes y estadios llenos de gente.
