SALTA.- (Por Renato Ocampo) Con votos seguros del saencismo mayoritario en ambas cámaras, la Legislatura de Salta se encamina a tratar el proyecto de la denominada “Ley de Participación Democrática”, una iniciativa que busca modificar estructuralmente las reglas de juego electorales en la provincia. El dictamen propone reformas clave a la leyes 8463 y 8010, introduciendo mecanismos que, desde la oposición libertaria, vienen generando fuertes críticas.
En diálogo con El Intra, el senador provincial Roque Cornejo opina sobre el dictamen aprobado en comisiones para ser tratado en el recinto.
A buscar alianzas para competir
El punto más álgido del proyecto se encuentra en la sustitución del artículo 19º de la Ley 8463. Según el texto oficial, los cargos unipersonales serán elegidos por mayoría de sufragios, pero con una salvedad técnica fundamental: “En las alianzas, frentes y partidos, los votos obtenidos por los diferentes candidatos de una misma fuerza partidaria, y de idéntica categoría, se sumarán en beneficio de aquel que resultó el más votado”.
Para el senador Cornejo, esta disposición no es más que una versión encubierta de la ley de lemas. El legislador sostiene que la normativa “da la posibilidad para que el que gane una elección no sea el candidato más votado, lo cual configura claramente un fraude electoral”. Según su análisis, esto vulnera el principio de voto directo establecido en la Constitución Provincial, ya que el sufragio de un ciudadano “va a terminar siendo derivado a el candidato de ese lema que más votos sacó”.
Otros requisitos pro aparato
El proyecto también endurece los requisitos para las fuerzas políticas que aspiren a la gobernación. El nuevo artículo 10º establece que “para postular candidatos a Gobernador y Vicegobernador todas las fuerzas políticas deberán presentar listas en todas las categorías al menos en quince (15) departamentos de la provincia”.
El gobierno cuenta con todo el foro de intendentes a favor, al menos es la reciente muestra pública que han hecho con la legisladores nacionales. Territorio y aparato que La Libertad Avanza no tiene forjado.
Asimismo, se regula la cantidad de listas internas permitidas. Los frentes y alianzas podrán presentar hasta cuatro listas por categoría, a excepción del distrito provincial, donde la lista debe ser única. En el ámbito municipal, se autorizan hasta tres listas de concejales por cada candidato a intendente.
Cornejo interpreta estas modificaciones como una maniobra de supervivencia política. “Es una ley que termina estafando a los salteños, una ley claramente que tiene nombre y apellido. Esto es el miedo que tiene la casta de que La Libertad Avanza gane las elecciones en Salta”.
En tanto, el Artículo 11 impulsa la sustitución el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia 32/26, que dispone la obligatoriedad de someterse a exámenes toxicológicos como requisito para asumir o permanecer en cargos o funciones públicas. Con la nueva redacción, se extiende la obligatoriedad de ciertas normativas no sólo a funcionarios en funciones, sino también a todos los candidatos a cargos electivos provinciales, departamentales y municipales.
Un clima de judicialización
La situación política en Salta se encuentra en un punto de quiebre. Mientras el oficialismo defiende la norma como una herramienta para fortalecer la participación, la oposición la denuncia como un retroceso democrático motivado por conveniencias electorales.
El senador Cornejo concluyó su postura advirtiendo que la batalla no terminará en el recinto: “Estamos alertando a toda la sociedad salteña del fraude que se quiere consumar, también esperamos oportunamente, por supuesto, llegar a la justicia”. Con la sesión prevista para la próxima semana, el futuro del sistema electoral salteño pende de una reforma que, podría definirse en las oficinas de ciudad judicial, un lugar que últimamente también viene bastante en sintonía con las necesidades del Grand Bourg.
