SALTA – La caída de la coparticipación federal encendió una señal de alarma en el interior del país, donde intendentes y exfuncionarios advierten sobre un deterioro acelerado de las finanzas públicas. En ese contexto, el exintendente de La Merced, Juan Ángel Pérez, lanzó un diagnóstico contundente: “Es peor que la de 2001”, al comparar la situación actual con una de las crisis más profundas de la Argentina reciente.
El eje de la preocupación no se limita a los números, sino que incorpora un componente político clave: la falta de diálogo entre la Nación y las provincias. Según Pérez, esta desconexión impide articular respuestas frente a realidades heterogéneas, profundizando las asimetrías territoriales y debilitando el federalismo en la práctica.
El impacto más visible se da en los municipios, que funcionan como primer eslabón de contención social. Con recursos en retroceso y demandas en aumento, muchas comunas comienzan a mostrar signos de agotamiento estructural. La incertidumbre sobre el pago de sueldos ya no es un escenario hipotético, sino una preocupación concreta en distintas localidades.
El análisis revela una dinámica peligrosa: mientras el ajuste se concentra en niveles centrales, la presión social se descarga en los gobiernos locales. “La gente golpea la puerta de la municipalidad porque necesita ayuda”, graficó Pérez, evidenciando cómo los intendentes absorben demandas que exceden sus capacidades presupuestarias.
En localidades pequeñas, donde la cercanía amplifica el reclamo, la crisis adquiere un carácter aún más crítico. La imposibilidad de dar respuestas no solo erosiona la gestión, sino que también alimenta el malestar social.
En términos políticos, el escenario expone una tensión creciente entre centralización fiscal y descentralización de responsabilidades. Sin coordinación intergubernamental ni mecanismos compensatorios, el riesgo no es solo económico: es también de gobernabilidad.
